BLAIR

El Gobierno Blair define las reglas del juego Los críticos al plan de Interior se preguntan para qué sirve deportar a imanes en la era de la globalización
Fiel a su promesa de mano dura, el Gobierno Blair ha enumerado las "malas conductas" que justificarán la deportación de extremistas islámicos por apología o fomento de la violencia.

La ONU y grupos pro derechos humanos ven inaceptable que el Reino Unido deporte a países que practican la tortura y con pena de muerte vigente. NOSOTROS PENSAMOS QUE HABRIA QUE AGREGAR: A PERSONAS QUE PREDICAN LA VIOLENCIA Y EL TERRORISMO CONTRA CIUDADANOS INGLESES, ASESINANDOLOS EN SU PROPIO METRO.
El Ejecutivo ha utilizado como informantes a los imanes que ahora pretende deportar y a quienes veía como bufones inofensivos
RAFAEL RAMOS - 25/08/2005 La Vanguardia Corresponsal LONDRES

Una falla tan grande como la de San Andrés separa en Gran Bretaña a quienes pretenden responder al terrorismo con mano dura y el recorte de las libertades civiles, y quienes estiman que la tolerancia, la integración y las labores de los servicios de inteligencia constituyen la mejor fórmula para derrotar al integrismo islámico, o de cualquier tipo. Es una grieta que crece cada vez más y amenaza con provocar un terremoto político. El Gobierno laborista, teóricamente de izquierda, se ha erigido en máximo exponente de una cultura de ley y orden asociada por lo general con la derecha. Y es así como ayer el ministro del Interior, Charles Clarke, presentó la lista de "comportamientos inaceptables" que a partir de ahora justificarán la deportación de imanes a sus países de origen, aunque en ellos se practique habitualmente la tortura o se aplique la pena de muerte. Entre las "conductas castigadas" figuran el fomento, la justificación o la apología del terrorismo, la provocación de acciones terroristas, el estímulo del odio racial y la violencia entre distintos segmentos de la sociedad, todo lo cual es suficientemente vago como para que pueda ser interpretado de maneras diferentes según los casos y las circunstancias. Una de las preguntas que plantean los críticos de esta campaña de mano dura es para qué sirve mandar a los imanes radicales al extranjero en los tiempos de la globalización, cuando pueden colgar sus sermones en internet y realizar su trabajo desde cualquier punto del planeta, escapando así al control de las autoridades británicas. De la misma manera que Bin Laden fue agente de la CIA, sucesivos gobiernos británicos han utilizado a imanes como Abu Hamza, Omar Bakri y Abu Qutada como informantes del MI6 (servicio de inteligencia), en un pacto tácito que les permitía servirse de Londonistán como base de operaciones y financiación, a cambio del compromiso de no perpetrar atentados en el Reino Unido y dar pistas sobre la actividad de los grupos más violentos. Las autoridades consideraban a estos imanes una especie de bufones inofensivos que hacían mucho ruido pero cascaban pocas nueces. Todo empezó a cambiar, sin embargo, tras los ataques del 11-S, y dio un vuelco después de los atentados del mes pasado y la posterior afirmación del primer ministro Blair de que "las reglas del juego han cambiado". "La presencia de aquellos individuos que potencien el odio, la inseguridad y la división para crear un clima propicio a las actividades terroristas, o que indirectamente constituyan una amenaza para el orden público o la seguridad nacional, no va a ser tolerada", afirmó el ministro del Interior, Charles Clarke, en representación de Tony Blair, que toma el sol en las islas Barbados, a miles de kilómetros de distancia, mientras Londres se recupera lentamente del trauma de los atentados del 7 y el 21-J. A Blair se le critica sobre todo el apresuramiento en el anuncio de su rosario de medidas de ley y orden, elaboradas de un día para otro con el ojo puesto en las encuestas de opinión y no en las consideraciones legales. Jueces y abogados pronostican que el Gobierno se enfrentará a graves problemas para conseguir la deportación de los imanes radicales a países que practican la tortura (como Egipto, Jordania, Yemen...), aunque suscriba "protocolos de entendimiento" que sobre el papel garanticen el respeto de sus derechos humanos. "El plan Blair refleja la creciente tendencia en toda Europa a sortear las obligaciones internacionales a fin de deportar a personas que los gobiernos consideran non gratas, pero a las que no pueden deportar legalmente -ha declarado Manfred Nowak, consejero de las Naciones Unidas en Ginebra para asuntos relacionados con la tortura-. Las promesas de buena conducta que puedan hacer gobiernos como los de Ammán o El Cairo no merecen ninguna fiabilidad".