JUECES Y TERRORISMO
ETA y los jueces
LA VANGUARDIA - 14/09/2005El Rey presidió ayer, como es tradicional, la apertura del año judicial, un acto sobre el que inevitablemente planeó la posibilidad de que la banda terrorista ETA anuncie próximamente el fin definitivo de la violencia o, lo que parece más probable a la luz de la historia reciente, una nueva tregua condicional. Hay dos hechos ciertos e incontrovertibles. En primer lugar, han pasado 27 meses sin que la banda haya atentado mortalmente; en segundo lugar, ningún indicio sólido permite deducir que la cúpula de la organización terrorista esté dispuesta a abandonar las armas sin contrapartidas políticas significativas, algo que ningún gobierno democrático está en condiciones de ofrecer. Por lo tanto, es plenamente coherente que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, afirmara ayer que los más de dos años sin atentados mortales de ETA "permiten contemplar esperanzado un próximo final de esta modalidad terrorista", pero que eso no es óbice para que la acción judicial y policial contra la banda siga siendo implacable. En efecto, sólo lo intratable de ese conflicto permite entender, nunca justificar, afirmaciones como las efectuadas ayer por algún miembro del Gobierno vasco, en el sentido de que determinados procesos judiciales "perjudican" el proceso de paz. Tal afirmación es incompatible con el imperio de la ley que debe presidir todo Estado de derecho. Los jueces no pueden estar al albur de eventuales negociaciones políticas, sino que deben cumplir y hacer cumplir la ley. Por otra parte y como también afirmó Conde-Pumpido, los 32 atentados menores perpetrados por ETA el año pasado, que causaron 27 heridos leves, en absoluto permiten bajar la guardia.
LA VANGUARDIA - 14/09/2005El Rey presidió ayer, como es tradicional, la apertura del año judicial, un acto sobre el que inevitablemente planeó la posibilidad de que la banda terrorista ETA anuncie próximamente el fin definitivo de la violencia o, lo que parece más probable a la luz de la historia reciente, una nueva tregua condicional. Hay dos hechos ciertos e incontrovertibles. En primer lugar, han pasado 27 meses sin que la banda haya atentado mortalmente; en segundo lugar, ningún indicio sólido permite deducir que la cúpula de la organización terrorista esté dispuesta a abandonar las armas sin contrapartidas políticas significativas, algo que ningún gobierno democrático está en condiciones de ofrecer. Por lo tanto, es plenamente coherente que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, afirmara ayer que los más de dos años sin atentados mortales de ETA "permiten contemplar esperanzado un próximo final de esta modalidad terrorista", pero que eso no es óbice para que la acción judicial y policial contra la banda siga siendo implacable. En efecto, sólo lo intratable de ese conflicto permite entender, nunca justificar, afirmaciones como las efectuadas ayer por algún miembro del Gobierno vasco, en el sentido de que determinados procesos judiciales "perjudican" el proceso de paz. Tal afirmación es incompatible con el imperio de la ley que debe presidir todo Estado de derecho. Los jueces no pueden estar al albur de eventuales negociaciones políticas, sino que deben cumplir y hacer cumplir la ley. Por otra parte y como también afirmó Conde-Pumpido, los 32 atentados menores perpetrados por ETA el año pasado, que causaron 27 heridos leves, en absoluto permiten bajar la guardia.
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