VIENTOS FAVORABLES PARA PUMALIN

La polémica y la controversia han sido la tónica en casi todo lo relacionado con el Parque Pumalín, creado hace más de diez años por el filántropo norteamericano Douglas Tompkins. Sin embargo, a fines de abril ocurrió un hecho largamente esperado pero que pasó casi desapercibido para la opinión pública. El día 26 la Fundación Pumalín recibió oficialmente su personalidad jurídica a través del Decreto 1625, tras el visto bueno del gobierno y la firma del ministro de Justicia, Luis Bates.
Cualquiera que haya estado involucrado en este tipo de trámites sabe que hay que armarse de paciencia, pues la maquinaria burocrática suele ser especialmente lenta, pero es probable que esta Fundación haya batido más de algún record pues su tramitación demoró ¡ocho años! Esto, a pesar de diversas reuniones con toda clase de autoridades -incluyendo al Presidente de la República- y la firma de dos acuerdos entre el gobierno y Tompkins para, entre otros puntos, acelerar esta tramitación.
Pero finalmente la Fundación Pumalín está legalmente constituida, con un directorio integrado por siete personas: el intendente de la Décima Región, Jorge Vives, el rector de la Universidad Austral, Carlos Amtmann, el obispo de Ancud, Juan Luis Ysern, más cuatro representantes designados por Douglas Tompkins.
La Fundación Pumalín está llamada a jugar un rol fundamental en el futuro del Parque del mismo nombre pues, de acuerdo a los planes del empresario norteamericano y tal como estipulan los acuerdos firmados con el gobierno, es la entidad que administrará las 280 mil hectáreas de terrenos del Parque, incluyendo todas sus instalaciones e infraestructura, las que recibirá a modo de donación de parte de la fundación norteamericana The Conservation Land Trust, la actual propietaria.
Sin duda, este hecho marca un hito importante y el inicio de una nueva etapa en la consolidación del Proyecto Pumalín, iniciado hace quince años. Es de esperar que con el próximo traspaso de la propiedad a una fundación chilena queden definitivamente atrás las infundadas sospechas que hasta ahora han despertado las actividades filantrópicas de Tompkins en Chile.
Recurso rechazado
Tras ser aprobada la Fundación y como si no bastara con esa buena noticia, un par de semanas más tarde la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado por parlamentarios (Antonio Horvarth y Rodolfo Stange) y empresarios de la zona en contra del Protocolo de Acuerdo firmado en diciembre de 2003 por Tompkins y el entonces ministro Secretario General de la Presidencia, Francisco Huenchumilla, en nombre del gobierno.
Los demandantes sostenían que el documento era "ilegal y arbitrario", cuestión rechazada por unanimidad por la Corte, que consideró que el acuerdo fue suscrito por ambas partes "en uso de sus facultades y ajustándose en todo a la legislación vigente".
Para mayor abundancia, una parte del fallo señala: "La participación de las autoridades en el acuerdo se encuentra inspirada en decisiones que están destinadas a cautelar asuntos de alto interés general, esto es, el desarrollo sustentable del país, la preservación del ambiente y de sus ecosistemas, el desarrollo humano e integración armónica con el entorno, la promoción cultural y turística, la continuidad territorial y libre circulación, frente a un proyecto de inversión privado presentado por un propietario de grandes extensiones territoriales, de nacionalidad extranjera y amparado en el Estatuto de Inversión Extranjera, que ha respetado el ordenamiento jurídico nacional".
Más claro, imposible.
Michel Fuentes de la Universidad Bolivariana, Institucions y Políticas Públicas