LIBERTAD DE PRENSA Y ESPAÑA

Contra la libertad de Prensa
FERNANDO CASTELLÓ, PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL REPORTEROS SIN FRONTERAS
EN estos momentos, las Cortes estudian dos propuestas para un estatuto de la profesión periodística. Un proyecto de ley convierte de hecho al periodista en funcionario que, en vez de controlar al poder, incluido el poder parlamentario, es controlado por éste, que expediría el carné profesional. Una propuesta alternativa atribuye la acreditación para el ejercicio profesional a las Asociaciones de la Prensa, convertidas en colegios a los que se accedería exclusivamente mediante titulación universitaria específica.En el primer proyecto, presentado por Izquierda Unida (IU), se prevé la creación de un Consejo Estatal de la Información, con sus correspondientes 17 réplicas autonómicas, formado por 22 miembros elegidos por el Parlamento, entre ellos sólo ocho periodistas. Este Consejo otorgaría, o denegaría, el carné de Prensa, el cual podría retirar hasta durante cinco años, a través de sus comisiones de Acreditación y Deontológica. Ésta podría inhabilitar para el ejercicio de la profesión y multar a quienes, periodistas o empresas, no respetasen un código autorrestrictivo que prohibiría, entre otras cosas, el «provocar daño o descrédito injustificado a instituciones públicas y privadas», además de poner límites previos al secreto profesional. En lugar de vigilar los periodistas los posibles abusos del poder, sería el poder el que vigilaría los posibles abusos de los periodistas. Este proyecto, que convertiría a los periodistas en funcionarios de facto, sometidos además a la amenaza extrajurisdiccional de tribunales de honor, especie de Tribunales de Orden Periodístico que recordarían al tristemente famoso Tribunal de Orden Público franquista y tendrían facultades para retirar al profesional la licencia para informar que el Parlamento le habría otorgado, podría ser aprobado de modo inminente. De ser así, España se situaría en la misma línea restrictiva del ejercicio profesional y de la libertad de prensa que el Brasil de Lula, la Venezuela de Chávez y la Cuba de Castro. Línea que culmina cronológicamente en el intento gubernamental brasileño, felizmente neutralizado por el rechazo de profesionales, medios y de la propia Cámara de Diputados, de regimentar la profesión con un Consejo Federal de Periodismo obligatorio, encargado de «orientar, disciplinar y controlar el ejercicio de la profesión (...) y vigilar el estricto respeto de los principios éticos y la disciplina». Antecede en esa línea intervencionista estatal la plasmación de similar intento en Venezuela, complementario de la «ley mordaza» de responsabilidad social de los medios audiovisuales y de otras espadas de Damocles ejecutivas que penden sobre las cabezas de empresas y periodistas. Y una y otra recuerdan a Cuba y su encuadramiento férreo de los informadores/funcionarios en la única y obligatoria Unión de Periodistas (que califica a los 24 periodistas disidentes encarcelados de «mercenarios armados del Imperio»).Confiemos en que, al igual que en Brasil, el proyecto intervencionista de IU, que pondría a los periodistas a los pies de los hoy encabritados y siempre irritables caballos parlamentarios sobre los que cabalga el poder dominante en cada momento, será rechazado por el mismo Parlamento al que se ofrece la varita mágica que aseguraría su vigilancia sobre aquellos periodistas que osasen criticar su alta misión o a sus miembros. El ejercicio profesional de la libertad de información es privativo de la sociedad civil. Ese libre ejercicio es una forma de control ciudadano de los posibles abusos del Estado, y no a la inversa, con los periodistas convertidos en correas de transmisión o corifeos de quienes pueden darle o quitarle el carné y, con él, el pan y la palabra.Por si acaso algún pacto parlamentario anima a cometer un desaguisado aprobando o «retocando» ese proyecto, hay que advertir que el artículo 20 de la Constitución sólo prevé «el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado» y no sobre los periodistas (¡a menos que se quiera considerar al periodista/funcionario como un medio de comunicación social dependiente del Estado!). Una anécdota macabra: en la lista de expertos para informar sobre el proyecto de IU ante la Comisión Constitucional ad hoc, la Mesa del Congreso aceptó en un primer momento, a propuesta de ERC, PNV y Grupo Mixto, la inclusión de un procesado por integración en ETA, la misma organización criminal que aterroriza a los periodistas y ha asesinado ya a tres de ellos. (Finalmente, parece que este «experto» ha sido rechazado).Las Asociaciones de la Prensa han presentado, a su vez, un proyecto alternativo o complementario, que propone que los periodistas sean acreditados por ellas, convertidas en colegios profesionales de acceso exclusivo para licenciados en Periodismo. ¿Dónde quedarían los derechos potenciales de millones de ciudadanos a informar, y no sólo a ser informados, en un sistema democrático de libre acceso al poder informativo? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, inspirándose en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976 (que en su artículo 19 reconoce el derecho de toda persona a «buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole» por cualquier medio), es clara: «La adhesión obligatoria a una asociación profesional, o la exigencia de títulos o diplomas para el ejercicio de cualquier actividad periodística, representan otras tantas trabas ilegítimas a la libertad de expresión».Una vez más tenemos que remitirnos al mal ejemplo venezolano, donde la titulación específica y colegiación son obligatorias, y al brasileño, donde no lo son por rechazo general y parlamentario. Ni siquiera el Ordine de los periodistas italianos, que expide el carné mediante examen de idoneidad, ni la Comisión del Carné portuguesa, formada por periodistas y medios, exigen titulación forzosa. Tampoco en Francia se exige por la comisión mixta de editores y periodistas que acredita la profesionalidad, la cual se adquiere trabajando en los medios. Desde la filosofía no corporativista que inspira la lucha de Reporteros sin Fronteras por la libertad de Prensa en el mundo, uno diría que, en el caso español, lo mejor para los periodistas y para la libertad de prensa sería la no existencia de estatuto alguno, si éste debiera supeditar la libertad de ejercicio profesional a la acreditación estatal o corporativa y excluyente. Los derechos de orden laboral quedarían suficientemente garantizados por reglamentaciones laborales. La cláusula de conciencia ya está garantizada por ley y el secreto profesional está mejor protegido de momento por la Constitución.