ARGENTINA: HORIZONTE MILITAR
La relación con las FF.AA.: derivación de las manifestaciones contra la política oficial de derechos humanos
Crece el malestar entre los militares
Se preparan nuevos actos contra el Gobierno por el pase a retiro de uniformados; Kirchner frenó otras sanciones
La Nación de Buenos Aires. El presidente Néstor Kirchner podría afrontar una semana agitada por protestas de familiares de oficiales en actividad y retirados del Ejército, como consecuencia de las duras sanciones impuestas a militares luego de los actos en los que se manifestó el malestar castrense por la política de derechos humanos del Gobierno. Por orden presidencial, la ministra de Defensa, Nilda Garré, pasaría a retiro obligatorio los oficiales en actividad que participaron del acto del 24 del mes último y daría de baja a oficiales retirados que también asistieron a la plaza San Martín. La Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina, que preside Cecilia Pando, esposa del mayor Pedro Mercado, que fue echado del Ejército por la actividad política de su mujer, admitió ayer a LA NACIÓN que es intención de los familiares y allegados a los militares sancionados efectuar una protesta frente al Edificio Libertador, donde conviven el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto y el Ejército. En un comunicado, invitó "a todos aquellos que no aceptan resignarse a que el odio revanchista siga imperando en nuestra patria para reclamar por esa decisión" de echar a los oficiales, aunque se aclaró que la cita prevista para mañana podría cambiar para otro día de esta semana. Pando explicó que creía que el Gobierno había decidido "recurrir a una maniobra política" más que "respetar las actuaciones de la justicia militar". Por esa razón, la movilización se efectuaría una vez que "la información sobre las sanciones sea clara", según añadió. La escalada comenzó cuando la llamada Comisión de Homenaje Permanente a los caídos por la subversión realizó un acto para recordar a sus muertos el 24 de mayo. Allí hubo críticas al gobierno de Kirchner y agresiones a periodistas. El 5 de octubre próximo, la misma comisión tiene previsto celebrar otro acto por el aniversario del ataque montonero al Regimiento de Infantería Monte 29, de Formosa, que tuvo lugar en 1975 y dejó 14 militares muertos. Y no se descartan otros homenajes. La respuesta de Kirchner al acto del 24 fue el duro discurso del 29, en el Colegio Militar, en El Palomar, por el Día del Ejército. Frente a toda la formación, los increpó: "No les tengo miedo". Esa actitud recalentó aún más el ambiente. Decenas de oficiales se dieron vuelta y se retiraron de la formación en pleno discurso. Pando y otros familiares de oficiales y liceístas protestaron a los gritos. Originalmente, Kirchner había ordenado abrir entre 30 y 50 sumarios para sancionar a los oficiales que se habían ido de las filas, en señal de desaire. Pero el Presidente habría resuelto estudiar y frenar la embestida de castigos, porque el clima castrense dio señales de un malestar creciente. También, Kirchner ordenó a Garré frenar el proyecto de cierre de los liceos militares, que estaba en estudio y que anticipó LA NACION. El Presidente detuvo estas dos iniciativas por dos motivos: se preparaba para el viernes próximo un multitudinario acto de protesta por el cierre de los liceos militares al que irían unos 10.000 familiares y amigos de liceístas. Con el freno a la medida, el acto habría quedado desactivado. A la vez, varios oficiales medios del Ejército (capitanes y mayores) y sus equivalentes de la Armada planeaban pedir un pase a retiro masivo, lo cual hubiera significado un duro golpe político para la Casa Rosada. Todavía no se descartó esa posibilidad. Lo cierto es que en Defensa dicen ahora que los 30 o 50 sumarios abiertos quedaron en suspenso y no avanzarían. No se descarta, empero, que Kirchner ordene reanudarlos para mostrar un gesto de firmeza. Las sanciones que avanzan, entonces, por el acto del 24 son: Oficiales en actividad: 40 días de arresto para los capitanes Juan Lucioni, Gabriel Oesquer y Santiago Listorti; 31 días para los tenientes Juan Ferrero y Andrés Gaspar, y 20 días para el mayor Carlos Magnani, que no concurrió al acto, pero se lo responsabilizó por ser el jefe de los anteriores en la Compañía de Comandos 601. En la vida militar se considera que un arresto de más de 10 días es de alta gravedad y significa el pase a retiro obligatorio. En esta situación quedarían estos oficiales. Oficiales retirados: serían dados de baja el general (R ) Juan Giuliano, que preside la Unión de Promociones, y los coroneles Emilio Nani, Elio Neni, Guillermo Viola, Rodolfo Solís y José Chas. Para ese trámite, no obstante, se debe elaborar un sumario, que lleva un tiempo. La baja significa la automática pérdida de la condición militar, del grado y de los beneficios castrenses, haberes incluidos. Por el incidente en el Colegio Militar, los sancionados sólo son cuatro, el jefe de seguridad del operativo y los restantes custodios. No se difundieron los nombres. Pero en principio la decisión del Presidente es cerrar allí los castigos para no agravar el malestar, más allá de la indisciplina que significa el desplante hacia el jefe del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sancionada por los reglamentos militares. El clima castrense es de profundo rechazo a la ministra Garré y al jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini. Y se extiende al secretario de Asuntos Militares, José María Vázquez Ocampo. "Falta conducción", admitió a LA NACION un alto funcionario del Gobierno. "El Ejército está a la deriva", agregó, con preocupación. Por María Elena Polack y Mariano ObarrioDe la Redacción de LA NACION
Crece el malestar entre los militares
Se preparan nuevos actos contra el Gobierno por el pase a retiro de uniformados; Kirchner frenó otras sanciones
La Nación de Buenos Aires. El presidente Néstor Kirchner podría afrontar una semana agitada por protestas de familiares de oficiales en actividad y retirados del Ejército, como consecuencia de las duras sanciones impuestas a militares luego de los actos en los que se manifestó el malestar castrense por la política de derechos humanos del Gobierno. Por orden presidencial, la ministra de Defensa, Nilda Garré, pasaría a retiro obligatorio los oficiales en actividad que participaron del acto del 24 del mes último y daría de baja a oficiales retirados que también asistieron a la plaza San Martín. La Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina, que preside Cecilia Pando, esposa del mayor Pedro Mercado, que fue echado del Ejército por la actividad política de su mujer, admitió ayer a LA NACIÓN que es intención de los familiares y allegados a los militares sancionados efectuar una protesta frente al Edificio Libertador, donde conviven el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto y el Ejército. En un comunicado, invitó "a todos aquellos que no aceptan resignarse a que el odio revanchista siga imperando en nuestra patria para reclamar por esa decisión" de echar a los oficiales, aunque se aclaró que la cita prevista para mañana podría cambiar para otro día de esta semana. Pando explicó que creía que el Gobierno había decidido "recurrir a una maniobra política" más que "respetar las actuaciones de la justicia militar". Por esa razón, la movilización se efectuaría una vez que "la información sobre las sanciones sea clara", según añadió. La escalada comenzó cuando la llamada Comisión de Homenaje Permanente a los caídos por la subversión realizó un acto para recordar a sus muertos el 24 de mayo. Allí hubo críticas al gobierno de Kirchner y agresiones a periodistas. El 5 de octubre próximo, la misma comisión tiene previsto celebrar otro acto por el aniversario del ataque montonero al Regimiento de Infantería Monte 29, de Formosa, que tuvo lugar en 1975 y dejó 14 militares muertos. Y no se descartan otros homenajes. La respuesta de Kirchner al acto del 24 fue el duro discurso del 29, en el Colegio Militar, en El Palomar, por el Día del Ejército. Frente a toda la formación, los increpó: "No les tengo miedo". Esa actitud recalentó aún más el ambiente. Decenas de oficiales se dieron vuelta y se retiraron de la formación en pleno discurso. Pando y otros familiares de oficiales y liceístas protestaron a los gritos. Originalmente, Kirchner había ordenado abrir entre 30 y 50 sumarios para sancionar a los oficiales que se habían ido de las filas, en señal de desaire. Pero el Presidente habría resuelto estudiar y frenar la embestida de castigos, porque el clima castrense dio señales de un malestar creciente. También, Kirchner ordenó a Garré frenar el proyecto de cierre de los liceos militares, que estaba en estudio y que anticipó LA NACION. El Presidente detuvo estas dos iniciativas por dos motivos: se preparaba para el viernes próximo un multitudinario acto de protesta por el cierre de los liceos militares al que irían unos 10.000 familiares y amigos de liceístas. Con el freno a la medida, el acto habría quedado desactivado. A la vez, varios oficiales medios del Ejército (capitanes y mayores) y sus equivalentes de la Armada planeaban pedir un pase a retiro masivo, lo cual hubiera significado un duro golpe político para la Casa Rosada. Todavía no se descartó esa posibilidad. Lo cierto es que en Defensa dicen ahora que los 30 o 50 sumarios abiertos quedaron en suspenso y no avanzarían. No se descarta, empero, que Kirchner ordene reanudarlos para mostrar un gesto de firmeza. Las sanciones que avanzan, entonces, por el acto del 24 son: Oficiales en actividad: 40 días de arresto para los capitanes Juan Lucioni, Gabriel Oesquer y Santiago Listorti; 31 días para los tenientes Juan Ferrero y Andrés Gaspar, y 20 días para el mayor Carlos Magnani, que no concurrió al acto, pero se lo responsabilizó por ser el jefe de los anteriores en la Compañía de Comandos 601. En la vida militar se considera que un arresto de más de 10 días es de alta gravedad y significa el pase a retiro obligatorio. En esta situación quedarían estos oficiales. Oficiales retirados: serían dados de baja el general (R ) Juan Giuliano, que preside la Unión de Promociones, y los coroneles Emilio Nani, Elio Neni, Guillermo Viola, Rodolfo Solís y José Chas. Para ese trámite, no obstante, se debe elaborar un sumario, que lleva un tiempo. La baja significa la automática pérdida de la condición militar, del grado y de los beneficios castrenses, haberes incluidos. Por el incidente en el Colegio Militar, los sancionados sólo son cuatro, el jefe de seguridad del operativo y los restantes custodios. No se difundieron los nombres. Pero en principio la decisión del Presidente es cerrar allí los castigos para no agravar el malestar, más allá de la indisciplina que significa el desplante hacia el jefe del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sancionada por los reglamentos militares. El clima castrense es de profundo rechazo a la ministra Garré y al jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini. Y se extiende al secretario de Asuntos Militares, José María Vázquez Ocampo. "Falta conducción", admitió a LA NACION un alto funcionario del Gobierno. "El Ejército está a la deriva", agregó, con preocupación. Por María Elena Polack y Mariano ObarrioDe la Redacción de LA NACION
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