HACER RICO A LOS POBRES Y NO POBRE A LOS RICOS
Disminuir la pobreza no es sinónimo de redistribución de la renta
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jueves, 21 de agosto de 2008 a las 10:27
El 23 de Agosto de 2007, la Presidenta Michelle Bachelet creó el Consejo Asesor Presidencial Trabajo, Salario, Competitividad y Equidad Social "Hacia un Chile más Justo", formado por 48 figuras públicas, entre las que se cuentan ex ministros de Estado, representantes de la oposición, el mundo sindical, empresarios, académicos y religiosos.Un primer análisis general permite relevar algunos elementos comunes de los instrumentos propuestos. Primero, todos apuntan a disminuir la pobreza aumentando la renta de las personas y por lo tanto alejándolas del umbral de la pobreza, pero es evidente que no son instrumentos distributivos significativos. En este sentido, disminuir la pobreza no es sinónimo de redistribución de la renta.Como la mayoría de los instrumentos propuestos son subsidios financiados vía gasto y no representan un gravamen para otros sectores, es posible prever que si existe presupuesto fiscal no habrá dificultades para lograr su aprobación. Sin embargo, se requiere de un importante acuerdo a nivel político para llegar a un acuerdo que permita la implementación de estas medidas.En cuanto al subsidio al trabajo, éste dependerá de las condiciones del mercado laboral. Aquí cabe preguntarse, por ejemplo, qué pasará en períodos de recesión económica. Al aumentar el desempleo disminuirá el número de beneficiarios y por lo tanto el nivel de renta de las familias de menores ingresos. Por otra parte, cabe preguntarse también qué ocurre con las personas que están fuera de la fuerza laboral. Por otro lado, los subsidios a la capacidad laboral, fondo para la formación de habilidades emprendedoras y el financiamiento para estudios preuniversitarios tendrán efectos a corto plazo sobre la demanda de estos servicios de formación y educación, aumentando el precio en mayor proporción a la cantidad ofrecida por éstos. En este caso, la incidencia de este instrumento caerá sobre los oferentes, efecto que a largo plazo debería corregirse.De igual modo, si no se logran los niveles de calidad requeridos para la capacitación y preparación, el instrumento será ineficiente. La certificación de estos servicios será fundamental para evitar capacitaciones no realizadas o que se realicen deficientemente.Las propuestas no abordan corregir las políticas públicas de fomento e innovación sectoriales y no consideran, por ejemplo, las particularidades regionales, lo que ante un instrumento de alcance general sólo profundiza las desigualdades no sólo entre individuos, sino también territoriales, acentuando el desarrollo de aquellas regiones que tienen mayor acervo en factores creadores de ventajas competitivas.Se plantea la negociación colectiva mediante un mecanismo de adaptabilidad pactada, es decir, vía acuerdos entre trabajadores y empresarios ajustando las condiciones y restricciones laborales. Esta es una medida llena de buenas intenciones pero que en la práctica podría convertirse en un distorsionador muy malicioso, pues generaría diferencia en cuanto a las reglas del juego en temas laborales entre empresas, basados en abusos de la parte con mayor poder. En el caso de transferencias a los niños más pobres y premios al rendimiento escolar, éstos incidirán directamente en los padres. Las familias que tienen más hijos, al tener una menor renta per cápita cumplen con los criterios de selección de los grupos beneficiarios de estos instrumentos. Aquí cabe preguntarse si esto es justo para aquellas familias que han asumido una conducta de mayor responsabilidad al definir el número de sus hijos en función de sus posibilidades económicas.Es deseable que el trabajo bien intencionado de este consejo no quede sólo en subsidios, sino que apunte en avanzar a modificar las estructuras económicas que producen la inequidad.
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El 23 de Agosto de 2007, la Presidenta Michelle Bachelet creó el Consejo Asesor Presidencial Trabajo, Salario, Competitividad y Equidad Social "Hacia un Chile más Justo", formado por 48 figuras públicas, entre las que se cuentan ex ministros de Estado, representantes de la oposición, el mundo sindical, empresarios, académicos y religiosos.Un primer análisis general permite relevar algunos elementos comunes de los instrumentos propuestos. Primero, todos apuntan a disminuir la pobreza aumentando la renta de las personas y por lo tanto alejándolas del umbral de la pobreza, pero es evidente que no son instrumentos distributivos significativos. En este sentido, disminuir la pobreza no es sinónimo de redistribución de la renta.Como la mayoría de los instrumentos propuestos son subsidios financiados vía gasto y no representan un gravamen para otros sectores, es posible prever que si existe presupuesto fiscal no habrá dificultades para lograr su aprobación. Sin embargo, se requiere de un importante acuerdo a nivel político para llegar a un acuerdo que permita la implementación de estas medidas.En cuanto al subsidio al trabajo, éste dependerá de las condiciones del mercado laboral. Aquí cabe preguntarse, por ejemplo, qué pasará en períodos de recesión económica. Al aumentar el desempleo disminuirá el número de beneficiarios y por lo tanto el nivel de renta de las familias de menores ingresos. Por otra parte, cabe preguntarse también qué ocurre con las personas que están fuera de la fuerza laboral. Por otro lado, los subsidios a la capacidad laboral, fondo para la formación de habilidades emprendedoras y el financiamiento para estudios preuniversitarios tendrán efectos a corto plazo sobre la demanda de estos servicios de formación y educación, aumentando el precio en mayor proporción a la cantidad ofrecida por éstos. En este caso, la incidencia de este instrumento caerá sobre los oferentes, efecto que a largo plazo debería corregirse.De igual modo, si no se logran los niveles de calidad requeridos para la capacitación y preparación, el instrumento será ineficiente. La certificación de estos servicios será fundamental para evitar capacitaciones no realizadas o que se realicen deficientemente.Las propuestas no abordan corregir las políticas públicas de fomento e innovación sectoriales y no consideran, por ejemplo, las particularidades regionales, lo que ante un instrumento de alcance general sólo profundiza las desigualdades no sólo entre individuos, sino también territoriales, acentuando el desarrollo de aquellas regiones que tienen mayor acervo en factores creadores de ventajas competitivas.Se plantea la negociación colectiva mediante un mecanismo de adaptabilidad pactada, es decir, vía acuerdos entre trabajadores y empresarios ajustando las condiciones y restricciones laborales. Esta es una medida llena de buenas intenciones pero que en la práctica podría convertirse en un distorsionador muy malicioso, pues generaría diferencia en cuanto a las reglas del juego en temas laborales entre empresas, basados en abusos de la parte con mayor poder. En el caso de transferencias a los niños más pobres y premios al rendimiento escolar, éstos incidirán directamente en los padres. Las familias que tienen más hijos, al tener una menor renta per cápita cumplen con los criterios de selección de los grupos beneficiarios de estos instrumentos. Aquí cabe preguntarse si esto es justo para aquellas familias que han asumido una conducta de mayor responsabilidad al definir el número de sus hijos en función de sus posibilidades económicas.Es deseable que el trabajo bien intencionado de este consejo no quede sólo en subsidios, sino que apunte en avanzar a modificar las estructuras económicas que producen la inequidad.
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