NARCOTRAFICANTES Y BANDIDOS EN COLOMBIA

Uribe acepta verse con la guerrilla

El Gobierno permite negociar con las FARC a los familiares de secuestrados

Ángel Sastre, La Razón.es
Familiares de secuestrados con una foto de la rehén Ingrid Betancourt
Buenos Aires- Dos días después de que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, anunciará «mano dura» contra las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC) y ordenará «intensificar las operaciones militares contra los bandidos», el mandatario tiende la mano a los terroristas. Por primera vez desde que asumió la presidencia, Uribe dio vía libre a los familiares de secuestrados por las FARC a dialogar directamente con la guerrilla. Se trata de un cambio radical en la política protagonizada en los últimos cuatro años por el gobierno uribista, caracterizado por la lucha contra el narcotráfico gracias a programas como el «Plan Colombia». En un escueto comunicado, el Gobierno indicó que «el presidente de la República autorizó, a través de doña Lucy de Gechen, esposa del senador secuestrado Jorge Eduardo Gechen Turbay, a los familiares de las personas secuestradas a buscar un contacto directo con las FARC». La esposa de Gechen agradeció la autorización de Uribe y dijo que los familiares no pueden cruzarse de brazos «hasta esperar si algún día vuelven a salir de la selva o no los entregan en bolsas plásticas». Gechen Turbay fue secuestrado por los terroristas en febrero del 2002. El comunicado también señala que «el presidente expresa que el Gobierno está dispuesto a un contacto directo con las FARC, sin intermediarios». Sin embargo, la narcoguerrilla afirmó esta semana que no reconoce a Uribe, como interlocutor para un canje de secuestrados por guerrilleros presos. Así lo afirmó el guerrillero Luis Edgar Devia, alias «Raúl Reyes», portavoz internacional del grupo insurgente. En la misma entrevista, Reyes definió al mandatario como un «hombre preso del delirio de rescatar a sangre y fuego los prisioneros en poder de las FARC, por demás enemigo acérrimo del canje o acuerdo humanitario». La autorización a los familiares de secuestrados para entrar en contacto con el grupo terrorista se dio a conocer en el quinto aniversario del secuestro de la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt por parte de ese grupo guerrillero. Betancourt y el senador Gechen Turbay son dos de los 57 políticos y miembros de las fuerzas armadas que las FARC quieren utilizar en un intercambio humanitario que, hasta ahora, no se ha podido realizar por la falta de un acuerdo al respecto entre Gl gobierno y el grupo narcoterrorista. Según la Fundación País Libre, en Colombia hay 3.181 personas secuestradas por diferentes grupos, de los cuales 2.500 civiles están en manos de las FARC. Para aceptar el acuerdo humanitario, las FARC exigen desmilitarizar dos municipios del departamento del valle del Cauca, ubicado en el suroeste del país, algo que Uribe ha rechazado. En el anterior Gobierno de Andrés Pastrana se «despejó» una zona a la guerrilla, que fue utilizada para emprender ataques contra el Estado.