OPERACIONES DE GUERRA IRREGULAR

Luis Valentín Ferrada : “El Estado formó a estas personas así”

El abogado de varios ex oficiales del Ejército acusados de violaciones a los derechos humanos, cree a pie juntillas en la inocencia de sus defendidos, a los que considera víctimas de un sistema de adoctrinamiento respaldado oficialmente durante 42 años.

Revista COSAS. Por Margarita Hantke
Indignación es poco. Lo que siente Luis Valentín Ferrada Walker ante el histórico fallo de la Corte Suprema, que le denegó la amnistía a la llamada “cúpula de la DINA”, es una especie de decepción con el Poder Judicial ahora que se conoce la declaración del general Cheyre, sobre el Ejército en el capítulo de las violaciones a los derechos humanos. Pero como para él la batalla está lejos de estar perdida –“no se pierde mientras haya un soldado en pie”, dice–, el lunes a primera hora se fue hasta la corte a interponer el último recurso que le queda: el de revisión de nulidad, con el que pretende que sean otros los ministros que conozcan del proceso.
Este abogado, que ha defendido causas tan complejas como la del violador colombiano de Santa Cruz y donde se pedía la pena de muerte, no tiene noción del tiempo cuando se trata de hablar de su trabajo. Será por eso que ninguno de los cuatro relojes antiguos que tiene en su sala de reuniones funciona.
Y si se toma sus horas para hablar del tema es porque está verdaderamente comprometido con sus cinco clientes: Miguel Krassnoff, Eric Silva, Rodrigo Pérez, Aquiles González Cortés y Fernando Lauerani, todos ellos tenientes en 1973. De partida, dice, “porque Chile no se explica sin sus Fuerzas Armadas y porque hay que cuidarlas y respetarlas”. También porque admira la fortaleza con que sus defendidos han enfrentado el largo proceso que finalmente los llevó a exigir la amnistía ante la Corte Suprema. “Todos están absolutamente convencidos de su inocencia y entienden que estas circunstancias son otras fases del mismo combate”, afirma. Y le parece insólito que después de haberse reconocido la responsabilidad institucional del Ejército, “todavía haya cinco o seis personas presas de por vida por circunstancias de las que la sociedad entera sabe que todos fuimos culpables”.
–Llama la atención que el Consejo de Defensa del Estado haya finalmente adoptado una línea similar: que aquí operaron instituciones y que lo que cabe ahora es aplicar la ley de Amnistía. ¿Lo ha conversado con el CDE? –Hablando estrictamente como abogado, desde luego que he tenido oportunidad de hablar con los abogados del CDE. Siempre representé que me costaba aceptar la doble condición de ese organismo, de dos voces y donde había una contradicción insalvable: por una parte, la de defender los intereses fiscales sosteniendo una postura y, por otra, defendiendo a las víctimas de derechos humanos. Nadie puede servir a dos señores. Desde esa perspectiva, el Consejo quizás nunca debió aceptar la misión de asumir la defensa de las víctimas si su línea más tradicional de actuación había sido defender los intereses del Estado.
–Da la impresión que a la larga el CDE así lo entendió... –La lástima es que haya sido tan tarde y después de una actuación tan prolongada. Y es que esto debió resolverse en primera instancia. La vista del caso Sandoval en la Suprema fue el principio del fin, porque cada parte llegó ahí –en la que era la última oportunidad– queriendo exponer su propia verdad, pero ahora completa. Una vez hechas las exposiciones, cambió radicalmente la forma de mirar el problema: se derrumbó la doctrina de que las responsabilidades de los que pudieran haber actuado en uno u otro hecho eran individuales y personales. El Consejo pareciera que asumió la doctrina de la responsabilidad colectiva o institucional, porque era evidente que la contradicción iba a quedar de manifiesto.
–¿La declaración del general Cheyre también obedece a lo mismo? –En principio, el comandante en jefe no puede pronunciarse sobre esta doctrina. Lo que está estableciendo es un hecho objetivo, que es el fenómeno que se experimentó en el país a partir de mediados de los ’50. Me extraña mucho, por lo demás, que mis amigos políticos no lo hayan querido esclarecer; no me corresponde a mí, yo puse los antecedentes y las pruebas, pero hay un silencio político inexcusable. A lo que me refiero es a que desde 1955 todos los órganos del Estado participaron en la que fue la manera de actuar de las Fuerzas Armadas. En abono del general Cheyre, puedo decir que si las Fuerzas Armadas, y en particular el Ejército, actuaron como lo hicieron es porque así lo establecen los planes anuales del Consejo Superior de la Defensa Nacional, que depende directamente del Presidente en ejercicio. En ese consejo, de año en año, se acordó invariablemente, qué escenario se contemplaba para el uso de las armas y las operaciones de guerra irregular o subversión, que fue lo que tuvimos en Chile a partir de 1973. En todo eso es el Estado el que pone la plata, los medios, define la política, en fin. Y todo eso fue aprobado por Ibáñez, Alessandri, Frei Montalva y Allende.
–Los abogados de derechos humanos argumentan que en esa lucha contra la subversión se debió respetar la Convención de Ginebra, que obliga al buen trato de los prisioneros de guerra... –¡Es que el error estuvo en que se suscribió el pacto de Ginebra el ’49, pero nunca se promulgó! Entonces, en un espectáculo típico de nuestra política exterior –y la Cancillería lo sabe bien–, Chile concurre a la mesa internacional y aparece como muchacho bueno y correcto suscribiendo cuanto tratado se le pone por delante. Pero luego aquí no los promulga como ley. En el caso de la convención, se cayó en un asunto bochornoso, porque ésta tenía un protocolo relativo al trato de prisioneros de guerra no convencional que fue recién promulgado en 1991. Es decir, nuestro país pasó 42 años con un protocolo que no tenía vigencia.
–¿Cuándo empieza usted a atar los cabos de que esto venía sucediendo y de que, a la par, le iba a servir para justificar la forma cómo actuó el Ejército? –A mí me trajo este asunto, hará unos siete u ocho meses, un grupo de oficiales de Ejército, todos los cuales deben haber tenido 24 o 25 años en 1973. Eran todos tenientes. Además, tenía información general sobre la magnitud de los hechos, por mi amistad con Raúl Rettig. Es más, personalmente no habría necesitado del informe de la Comisión de monseñor Valech para conocer la dimensión general de lo sucedido. Y siempre tuve el aguijón de la duda de cómo personas de tan alta distinción como los oficiales de Ejército, a las que uno ve en distintos ámbitos desempeñarse de manera tan correcta, podrían al mismo tiempo estar siendo imputados de hechos tan horrorosos. Me pareció que para explicar esto había que hacer una apreciación bastante más profunda. Por eso volví a las bibliotecas a examinar serenamente qué es lo que había ocurrido en los años de formación de esta gente, qué es lo que se les había enseñado por bueno y qué forma de actuar se les había asignado en nombre del honor y la patria.
–¿Y qué encontró? –Noticias sorprendentes y extrañamente actuales. Por ejemplo, el año 69, en la Editorial Andrés Bello, que depende de la Editorial Jurídica, una institución ciento por ciento del Estado, el coronel Alberto Polloni publicó una obra sobre las Fuerzas Armadas en la que analiza la forma de actuar de estos organismos. En sus primeras páginas se lee que el entonces comandante en jefe del Ejército, René Schneider, recomienda al director de instrucción que ese documento sea considerado un manual de estudio de las tropas. Este le contesta resaltando el valor de estas materias al punto que estima que podría enseñarse en una cátedra universitaria. Incluso, recomienda que se divulgue dentro de la institución y que forme parte permanente de la biblioteca de tropas. Así de bueno se creía todo esto. En el capítulo “Operaciones de Guerra Irregular” no sólo habla de los preceptos conforme a los cuales deben hacerse los operativos, sino que establece que su base es el manual de Estados Unidos al respecto. Ahí está contenido cómo debe hacerse el adiestramiento de los soldados que van a participar contra la subversión. Hay partes muy fuertes.
–Cuando la ley de guerra terrestre habla del uso de la fuerza, ¿admite todo tipo de apremios? –El uso de la fuerza, cuando no está sometida a reglamentación, es eso: uso de la fuerza.
–Muchos no entienden que teniendo a una persona presa –vale decir, en la más absoluta indefensión– sea necesario además aplicarle apremios y torturas. ¿Con qué fin? –El mismo libro lo contesta cuando se refiere a los factores de estado de ánimo y psicológicos que deben controlarse. Lo que ocurre es que en estas operaciones de guerra irregular lo que se trata es de obtener la mayor cantidad de información en los interrogatorios. El uso de la fuerza no tiene como fin castigar. De estos apremios se ha tratado de decir ahora que fueron métodos de represión, pero la verdad es que con ellos se pretendía extraer antecedentes para dar con los puntos neurálgicos de la subversión.
–¿Pero qué razón de ser tiene, en ese uso de la fuerza, desaparecer a una persona que está detenida y por tanto indefensa? –Cuando se emplea el uso de la fuerza a través de operaciones de comando, el soldado nunca toma presa a una persona. Es dado de baja de inmediato, porque está obligado a usar la fuerza de forma de producir un aniquilamiento.
–¿Cómo se explica entonces que haya habido recintos donde se detuvo a personas que posteriormente desaparecieron? –No tengo cómo explicarlo, porque no conozco cómo ocurrieron los hechos.
“La Armada está en lo correcto”
–¿Por qué el resto de las Fuerzas Armadas no admite su responsabilidad institucional? –Es muy posible que la Armada tenga razón cuando dice que ella no tiene una responsabilidad tan grande, porque sus miembros no fueron adoctrinados de esta forma. La Marina, me parece, está en lo correcto, porque las operaciones irregulares de la Guerra Fría, en el contexto de América Latina, fueron siempre operativos de guerra terrestre. Es decir, si el Che Guevara hubiera andado en barcos, probablemente se habría empleado a la Armada como el arma para contrarrestar aquello. O si el Che Guevara hubiera tenido una división aérea, entonces se habría utilizado a la Fach. Pero en Latinoamérica, la guerra irregular tuvo como teatro de operaciones lo terrestre y, en consecuencia, no es de extrañar que Carabineros y el Ejército llevaran la mayor responsabilidad en el empleo de la fuerza.
–¿Por qué los militares procesados prefieren seguir en una situación de entrampamiento en vez de decir que lo que hicieron se los ordenó alguien como parte de la enseñanza que se imparte en el Ejército? –Uno de mis defendidos me lo hizo presente para que así lo dijera. Ese oficial tiene el mérito de ser el primero en haber instruido a su abogado para que así lo exponga lo que, a su vez, ha llevado a que esto se esté planteando en todos los procesos de primera instancia. Los jueces, por lo tanto, tienen necesariamente que recabar la información para también considerarla en su sentencia. Ahora no es la “cúpula” de la DINA la que aparece como responsable. En el caso del teniente Krassnoff, él ya figura como cómplice, no como autor. Porque a partir de este nuevo escenario, la única posibilidad está en considerarlo cómplice en cuanto supo o pudo haber sabido. Si se fija, los jueces han empezado a hacer una graduación de las responsabilidades. Por ejemplo, el ministro Solís dice que hay una autoría de parte del general Contreras en cuanto director de la DINA, pero respecto de los tenientes o de la gente que estaba más abajo afirma “sólo los acuso de cómplices”.
–¿El general Pinochet en qué pie queda cuando Manuel Contreras le da cuenta de que se están cometiendo estos delitos? ¿También se convierte en cómplice? –Así es.
–Pero tiene que haber habido un autor... –Sí, pero el juez ya no estima que es la cúpula de la DINA, sino fulano de tal. Aquí hay algo mucho más grave que la obediencia debida, porque ésta dice: “Mire, yo lo hago porque me mandan y no tengo alternativa de desobedecer”. Lo que ocurrió en Chile es que el Estado, a través de todos sus reglamentos, medios, profesores, enviando gente al extranjero para perfeccionarse, pagándole como incentivo un sobresueldo por actividades de riesgo, formó a estas personas así. Les dijo que era bueno actuar en operaciones irregulares. Esa gente no actúa por obediencia pensando que lo que hace es malo, sino porque está convencida y porque el Estado le ha dicho que lo está haciendo bien. No puede ese Estado, después de haberles enseñado a sus soldados que sus acciones son correctas, venir y afirmar que todo lo que se les inculcó estaba mal y calificarlos ahora de delincuentes.