Grupo 4 Introducción: cómo se supode las operaciones de Tompkins en Chile
En la zona de Chiloé continental, Provincia de Palena, en la X Región de Los Lagos, existe una propiedad de un tercio de la extensión de toda la provincia, con unas 276.000 hectáreas, en poder de una sola persona extranjera de origen estadounidense: Mister Douglas Tompkins. Todas estas compras, curiosamente, las ha realizado valiéndose únicamente de la visa de turista.
Este hermoso y valioso territorio, compuesto por más de diez fundos, alberga los bosques naturales de Alerces, con tres mil años de vida, que son áreas protegidas. Se extiende desde Río Negro hasta Chaitén, desde la costa del Pacífico hasta la frontera, en la Cordillera, abarcando unos 62 km. del límite con Argentina.
A comienzos de la década del noventa, aparecen los primeros juicios de colonos contra Tompkins por compras irregulares de terrenos, presión en las ventas, usurpación de propiedades e intromisión en casas de vecinos, presentados por más de treinta pobladores de la zona. De hecho, la aparición de estos masivos recursos en los tribunales de Puerto Montt, fue la que permitió conocer públicamente la noticia de que un magnate extranjero estaba comprando territorios en la zona austral de Chile y enfrentándose con el interés de los colonos allí establecidos por generaciones, hacia 1993. Un reportaje de "El Mirador", un programa de la Televisión Nacional de aquellos años, haría el resto de la difusión, publicitando positivamente la obra de Tompkins en el Sur, sin mencionar sus cuestiones con los colonos.
Tompkins declaró entonces estar formando un Parque Ecológico, aunque inicialmente sin admitir que sería para su institución "Ecología Profunda" ("Deep Ecology"). Se advirtió que propiciaba acciones contrarias a las necesidades del país como el despoblamiento de la zona, la limitación de la familia a sus empleados y el mantenimiento de la naturaleza para las generaciones futuras sin ningún tipo de presencia humana, ya que, según él, el hombre está al servicio de la Naturaleza. Su parque privado, el primero con tal categoría en Chile, sería conocido como "Pumalín".
Hacia 1995, Douglas Tompkins ya había declarado su interés en comprar 300.000 hectáreas de terreno en la X Región, con objeto de la creación de este parque.
El magnate no es cualquier millonario de compras en Chile. Respaldado por la famosa Fundación Rockefeller y líder de la fundación internacional Conservation Land Trust, está relacionado con varias instituciones con sede en los Estados Unidos y a las cuales habría prometido -según otras denuncias- traspasar sus propiedades, por lo que nace una serie de interrogantes derivadas. Una de ellas dice relación con el respeto a los derechos soberanos de Chile sobre su propio territorio en la zona una vez concretado tales traspasos.
Esta propiedad es más extensa que muchos países europeos. Estados Unidos es muy celoso con relación a las inversiones de sus ciudadanos, como podemos verificarlo en varios ejemplos de nuestra historia. Tompkins ha tenido la arrogancia de insinuar que los problemas que tenía Chile con sus exportaciones a Estados Unidos, como el caso de los salmones y la madera, podrían ser solucionados con un arreglo con su persona. Luego, reclamó de supuestos vuelos rasantes de la Fuerza Aérea sobre su territorio, sobre lo cual protestó airadamente dando aviso a su embajada, donde tiene grandes amigos.
Tan enorme propiedad no había llamado demasiado la atención de los otrora partidarios de la Corporación de Reforma Agraria, por ejemplo, cuyos promotores, después de 30 años, están de vuelta en altos cargos y algunos hasta han adherido al proyecto Pumalín, es decir, a la creación del megaparque privado en dicho territorio, con miras a convertirse en un Santuario. De hecho, la excelente asesoría jurídica de Tompkins, en junio de 1997, logró que la Fiscalía Nacional Económica rechazara la denuncia de conductas monopólicas interpuesta por el entonces Diputado Luis Valentín Ferrada en su contra, el día 24 de abril de 1996, con relación al mercado de propiedades de la X y XI Región.
¿Qué implicancia puede tener una sociedad extranjera propietaria de 2.700 km. de nuestro territorio, en una zona donde éste no alcanza a 20 km. de ancho entre el mar y la frontera? ¿Qué derechos costeros puede adquirir? ¿Por qué Chile va a permitir el desaprovechamiento de tal extensión, especialmente en el tema de colonización? ¿Qué recursos existen en estos suelos?
Primeras denuncias en el Gobierno
Si bien las controversias entre Tompkins y los colonos empiezan cuanto menos en 1993, las primeras denuncias oficialmente emitidas desde el Gobierno contra Tompkins comienzan en 1995. Señalaban posibles hostigamientos y presiones para la venta de tierras, afectando particularmente a los habitantes de la zona. En ellas se declaró que los atropellos sufridos por los demás colonos serían provocados por cercanos colaboradores del magnate. Según los textos y los diarios de la época, los colonos alegaban -entre otras muchas cosas- que el empresario no les permitía tener aparatos de comunicación, como televisores y radios.
Muchos hostigamientos provenían de gente ligada al Ministerio de Bienes Nacionales. En su tiempo, esta Cartera de Estado preparó la llegada el magnate a Chile valiéndose de grupos humanistas, ecologistas y "verdes", para entonces ligados a la Concertación y al nefasto Gobierno de Patricio Aylwin Azócar. Tanta era la relación entre estos funcionarios con los intereses del magnate, que la secretaria del Ministerio, doña Pía Figueroa (Partido Humanista), recomendaba contactarse primero con Tompkins a quien deseara comprar tierras que colindaran con sus terrenos o que estuvieran en sus planes de adquisición. Esta situación fue denunciada hasta la saciedad por el escritor chileno Miguel Serrano, y está en conocimiento de los periodistas, tanto así que se publicó incluso el número en el que la señora Pía Figueroa pedía ubicar a mister Tompkins en Puerto Montt. De hecho, el propio señor Serrano sufrió un boicoteo que frustró su intención de comprar terrenos en el Melimoyu, mismos que más tarde fueron vendidos a empresarios "ecologistas" como Tompkins. El escritor intentó ponerse en contacto varias veces con los señores de Bienes Nacionales ya en la administración Aylwin, para revisar su caso, sin que fuera atendido.
Recordemos que la gente que trajo a Tompkins y controló este ministerio en ese entonces, eran miembros del Partido Humanista y del movimiento "Los Verdes", de acuerdo al cuoteo concertacionista de su primer Gobierno. Ambos grupos mantienen fuertes vínculos con movimientos afines en la Argentina, a través de personajes como el filósofo político Mario Rodríguez Cobos, famoso por el alias "Silo". El Jefe de Colonización del Ministerio, señor Matías Renard Resse, administraba personalmente las primeras propiedades del magnate junto con el señor Carlos Cuevas, del Departamento de Medio Ambiente, también con curiosos y muy especiales vínculos en ese Ministerio. Este último señor fue señalado por los colonos de entonces como el principal hostigador y veremos que su presencia fue muy activa en el entorno del magnate.
Las amenazas descritas iban acompañadas de insistencias para vender sus predios "pues podría pasarles algo a sus terrenos" o bien "¿quién heredará sus terrenos si Ud. muere, ya que no tiene hijos?". ¿A qué podrían referirse con eso, sino a a una advertencia bastante sospechosa? Serrano agrega que en Aysén existiría una carta firmada por los dos personajes tan cercanos a Tompkins y dirigida a uno de los colonos del Melimoyu, propietario del Lote 19 llamado "Estero del Gato" (finalmente comprado por Tompkins) que mostraba ya entonces la muy cercana relación de Cuevas con el empresario norteamericano, que por aquellos días quería pasar "momentáneamente inadvertido", según dice el documento. Ambos funcionarios fueron posteriormente premiados por su mentor: Renard fue colocado en la dirección de la Fundación Melimoyu y Cuevas en la Fundación EDUCEC (Educación, Ciencia y Ecología), las dos dependientes de Tompkins como tantas otras organizaciones a su disposición. Cuevas fue por lago tiempo uno de los funcionarios más cercanos y activos del magnate.
Unos años después, cuando humanistas y verdes habían abandonado el Ministerio de Bienes Nacionales y a la Concertación misma, el Subsecretario de Interior, Belisario Velasco declaró ante los medios de prensa, el día 16 de marzo de 1997, que los hostigamientos contra los colonos continuaban:
"En nuestra opinión, el señor Tompkins ha faltado a algunas disposiciones legales, pues ha hecho presiones indebidas a colonos para que vendan sus tierras a precios muy bajos".
Velasco respaldó su afirmación no con sentencias azarosas, sino con informaciones proporcionadas por el propio cuerpo de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, además de la Gobernación de Chaitén (No en vano, dos años más tarde, se decidió la fundación en Palena de un retén de Carabineros dedicado en parte a vigilar la zona, ante la necesidad de atender denuncias y establecer vigilancia).
Fue durante el verano de 1997, que el Subsecretario de Interior, Belisario Velasco, denunció la existencia de aquellos más de 30 casos de colonos de las X y XI Regiones, con acciones legales formalizadas por las familias afectadas y por parlamentarios, gobernadores o dirigentes de la zona. Esta clase de polémicas venían escuchándose hacía tiempo, como hemos dicho, pero a esas alturas se hicieron incontenibles y estallaron salpicando hasta los tribunales y la prensa.
Conscientes de que las disputas con los colonos podrían poner en tela de juicio la legitimidad del proyecto de la fundación, los simpatizantes de Tompkins se apresuraron a negar estas disputas o, en otros casos, a justificarlas. En carta publicada por "La Tercera" del día martes 24 de junio de 1997, por los señores Ulises Velásquez Arteaga y Rodrigo Muñoz Carreño, ambos de la directiva de la CODEFF Ancud (Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora de Chile), contactados de Tompkins y "alumnos" de su filosofía ecologista, se lee la siguiente defensa de la actitud del empresario extranjero:
"Nuevamente se esgrime un argumento cuya raíz no es de responsabilidad del estadounidense. Si bien es cierto que esa familias han permanecido por muchos años en el área, lo han hecho en terrenos que no son de su propiedad, los cuales fueron comprados legalmente por Tompkins. En circunstancias parecidas, cualquier ciudadano chileno habría recurrido a la fuerza pública (como lo demuestra nuestra historia) para el desalojo de los ocupantes".
Uno de los casos más representativos de entonces fue el del colono Atilio Ruiz Soto, quien con su mujer y sus hijos se trasladó, en febrero de 1989 (antes de que llegase Tompkins o empezaran los gobiernos de la Concertación siquiera), hasta una loma de Caleta Gonzalo, donde levantó un hogar un gran esfuerzo y logró establecerse. En 1994 comenzó la gestión para normalizar legalmente su situación y fue cuando llegaron hasta él los representantes de Tompkins para hostigarlo permanentemente, intentando hacerle abandonar el territorio ("El Mercurio", 2 de julio 2001). Vale dejar establecido que este caso nunca fue resuelto y que, a principios de 1998, Ruiz fue detenido por carabineros por invasión de "propiedad privada", y a continuación, no le quedó otra cosa que abandonar su casa y partir hasta Chaitén con los suyos, donde actualmente vive. El infalible poder del dinero había ganado, una vez más.
Sobre este y otros casos, el Senador Bruno Siebert aseguró que una de las amenazas más frecuentes de Tompkins contra los colonos era que, si no vendían sus terrenos, los acusaría de tala ilegal de bosque (léase, la recolección de leña). Por el mismo sentido va una serie de denuncias realizadas por autoridades locales, como intendente, gobernador, concejales y alcaldes.
Demás está recordar que parlamentarios o figuras de la UDI no son los únicos que han objetado el proyecto Pumalín-Tompkins, como en un primer momento intentaron hacer creer los volátiles defensores del magnate: también avalaban las denuncias el entonces Diputado independiente Antonio Horvath y representantes de la DC, entre cuyas filas figura tal vez el más simbólico de los enemigos del proyecto: el Concejal y posterior Alcalde de Chaitén, don José Miguel Fritis.
Respuesta de Tompkins a la Cámaraen agosto de 1995
Ante la incipiente polémica generada por las actividades de Douglas Tompkins en Palena, la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de Chile, hizo llegar al magnate un cuestionario con fecha 1º de agosto de 1995, referido a los propósitos y alcances de su proyecto. Asesorado por la poderosa firma jurídica "Carey y Cía. Ltda", Tompkins respondió al cuestionario el 17 de agosto siguiente. Esta es su respuesta y la reproducimos para que el lector saque sus propias conclusiones:
Santiago, 17 de Agosto de 1995
Señor Presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio AmbienteDon Mario AcuñaHonorable Cámara de DiputadosValparaíso:
Muy señor nuestro:
En relación con el listado de preguntas que nos fuera entregada en la reunión que sostuviéramos el día 1º de Agosto de 1995 con dicha Comisión, a la cual asistieron los señores Raúl Hermosilla, Douglas Tompkins y Pedro Pablo Gutiérrez Philippi, y a las interrogantes o denuncias que se plantean en la película o video que se nos hiciera llegar recientemente, tenemos el agrado de responder a las preguntas que se nos formularan en el mismo orden en que éstas han sido hechas:
Preámbulo:
La "Fundación Educación Ciencia y Ecología", en adelante EDUCEC, fue constituida por escritura pública de fecha 21 de Abril de 1993, habiéndose concedido personalidad jurídica por Decreto Supremo de fecha 23 de Diciembre del mismo año, publicada en el Diario Oficial con fecha 4 de Febrero de 1994.
En la actualidad, la casi totalidad de terrenos que conforman el Proyecto del Parque Pumalín pertenecen a la fundación norteamericana denominada "El Bosque Pumalín Foundation" encontrándose pendiente la inscripción de una parte substancial de dichos bienes a nombre de dicha fundación, lo que se espera ocurra dentro del curso de los próximos 60 días. Una vez inscritos todos los predios a nombre de "El Bosque Pumalín Foundation", ésta estará en situación jurídica de proceder a donarlos a la fundación EDUCEC en la medida de que:
a) Las donaciones en cuestión sean eximidas del impuesto que las grava;
b) Los predios en cuestión sean declarados Santuario de la Naturaleza de conformidad con la ley 17.288;
c) La fundación EDUCEC pueda adquirir, directamente de la Universidad Católica de Valparaíso, el predio conocido como Huinay.
(...) Tal como se expresara en la reunión mencionada, el Bosque Pumalín Foundation es dueña directa del predio conocido como "Rorohuentro". Casi todos los demás predios que conforman el proyecto Pumalín fueron adquiridos por sociedades filiales vinculadas al Sr. Douglas Tompkins. Tal es el caso del predio conocido como Quitupeu que fue adquirido por la sociedad "E.C.T. Investment Corp." que posteriormente pasó a denominarse "Quintupeu Inc." y de los predios que conforman el gran fundo Pumalín que fueron adquiridos por la sociedad "Grupo Pumalín".
Tanto la sociedad "Quintupeu Inc." como "Grupo Pumalín" fueron recientemente disueltas y liquidadas, habiéndose asignado y distribuido todos sus bienes y activos a la fundación norteamericana "El Bosque Pumalín Foundation" en su Calidad de única accionista de las sociedades disueltas.
Existen, además, otros predios de superficies menores que también forman parte del Proyecto Pumalín y que pertenecen a las sociedades "Inmobiliaria Cuarenta Grados Sur y Cía." y "Agrícola y Forestal Reñihue Limitada" que, de prosperar el Proyecto, le serán transferidos al costo original corregido o bien a título de donación a la Fundación EDUCEC.
Hasta la fecha, no se ha materializado traspaso alguno de bienes a la Fundación EDUCEC en razón de que hasta hace sólo algunos meses, los predios Rorohuentro y Quintupeu reconocían saldos de precio en favor de sus propietarios anteriores y estaban gravados con hipotecas y prohibiciones recientemente alzadas y canceladas. A su vez, se encuentra pendiente, desde el mes de Marzo del año en curso, el otorgamiento por parte de S.E. el Presidente de la República de la exención de impuestos que grava la donación del predio Rorohuentro a la Fundación EDUCEC.
(Nota de CDS: Este trámite jamás se cumplió, desatando la ira de los DC del Congreso y los que ocuparon La Moneda en 1997, cuando se firmó con Tompkins dicho compromiso formal de pasar la administración del parque a un organismo nacional. Hacia 1998, la mayor parte de los predios de Tompkins en Palena fueron trasladados a la sociedad "El Bosque Pumalín Foundation", declarando anulado su compromiso con EDUCEC, lo que constituiría una de las razones de la furiosa detracción del Presidente Frei Ruiz-Tagle al proyecto y de la necesidad de un segundo acuerdo. El Presidente Ricardo Lagos y su Ministro Álvaro García, de alguna forma profundamente comprometidos con el magnate, le dieron una nueva oportunidad el 29 de junio 2001, según veremos. La esencia de las intenciones reales del magnate, tal vez se encuentren en esta resistencia a cumplir con esa parte del acuerdo, trámite que resulta fundamental para la consolidación de su proyecto pretendidamente ecológico).
Cuestionario:
1.- ¿La Fundación Educación, Ciencia y Ecología sólo adquirió propiedades de los privados o también del Estado? En el evento de que se hayan adquirido bienes fiscales ¿en que año aconteció?
- Ni la Fundación EDUCEC, ni el Sr. Tompkins ni las sociedades o entidades vinculadas a éste han adquirido bienes directamente del Estado.
2.- ¿Cuál es la figura jurídica en virtud de la cual se creó el área silvestre protegida? ¿lo es en virtud del artículo 35 de la ley Nº 19.300, sobre bases del medio ambiente?
- Se encuentra pendiente a contar del 28 de Abril de 1995 la declaración de todos y cada uno de los predios que conforman el Parque Pumalín como Santuario de la Naturaleza, todo ello, al amparo del artículo 31 de la Ley 17.288 sobre monumentos nacionales. El artículo 35 de la Ley 19.300 sobre bases de medio ambiente carece de aplicación por cuánto hasta la fecha no se ha dictado el reglamento correspondiente. Naturalmente, los bienes que se transfieran a la Fundación EDUCEC podrían quedar acogidos a las disposiciones de la Ley 19.300 y a su reglamento en el entendido de que este último sea consistente con el destino que ha de darse a dichos bienes y representen para la Fundación EDUCEC ventajas comparativas mayores que el status de Santuario de la Naturaleza.
3.- ¿Cómo se garantiza que el objeto de la fundación va a estar sometido al régimen consagrado en el artículo 35 de la Ley Nº 19.300?
- El objeto de la Fundación según sus estatutos es el siguiente:
a) La conservación del bosque nativo a través de la creación de áreas forestales protegidas.
b) Comprar bosques especialmente nativos del tipo templado-lluviosos, para mantenerlos bajo protección y conservación, así como reforestar los sectores dañados.
(Nota de CDS: Esta "base" se fue a las pailas en julio de 2004, cuando Tompkins compró la Estancia "Valle Chacabuco", predio sin bosques y de vegetación de pastos esteparios que daban sustento a la actividad ganadera de Cochrane, demostrando que su interés nunca ha sido "salvar al bosque nativo" sino, simplemente, evitar el avance de la población y del desarrollo económico en esos territorios. Ver más abajo este caso en particular)
c) Mantener, proteger y conservar ecosistemas o predios forestales, sean estos propios o de terceros, especialmente dentro del concepto de áreas protegidas, permitiendo cierto grado de uso periférico principal en actividades científico-educativas, de forma de permitir que sean estudiados y visitados en su perímetro, dejando intactas las áreas de protección interiores, a fin de contar permanentemente para las señaladas actividades educativas y científicas con una importante masa boscosa virgen, definida sólo por factores biológicos-naturales.
(Nota de CDS: Es la forma suave y sofisticada que han tenido Tompkins y sus asesores legales para decir que no se permitirá presencia humana en la zona, ni planes de progreso o trabajo alguno, lo que, en otras palabras, comprueba su negativa a la colonización y a la presencia humana misma)
d) Difundir y promover la conservación del bosque nativo, educar sobre las medidas adecuadas a este propósito, y en general, colaborar con la creación de un ambiente favorable al cuidado y preservación forestal y a la ampliación de la conciencia ecológica. La fundación no persigue ni se propone fines de lucro, ni vender, enajenar, explotar comercialmente o manejar en forma destructiva los bosques que sean de su dominio o que les sean entregados por terceros para su cuidado o administración. Tampoco desarrollará actividades de carácter sindical, político, partidario u otras ajenas a los señalados precedentemente.
A su vez, los contratos de donación de los distintos predios que conforman el parque contendrán cláusulas específicas de carácter "modal" en virtud de las cuales a la Fundación EDUCEC sólo le estará permitido destinar dichos bienes a la conservación y preservación no pudiendo realizar actividades comerciales con respecto a los mismos, venderlos, hipotecarIos, gravarlos, explotarlos, efectuar loteos, ni desprenderse de su administración.
4.- ¿Se puede garantizar, jurídicamente, que el área silvestre estará por siempre sometida a legislación que permitió su creación?
- Tanto el objeto específico de la Fundación como las "modalidades" de los contratos de donación tienen o tendrán, en su caso, carácter permanente y son de duración indefinida. Dicho objeto y modalidades son más detallados y específicos que la actual legislación sobre Santuario de la Naturaleza.
5. ¿Por qué la fundación se ha negado a la permanencia, pese a que defiende con tanto ahínco otros componentes del medio ambiente, a que colonos permanezcan en ese lugar? ¿la permanencia de los colonos produciría deterioros en el área?
- La Fundación no ha negado la permanencia de los colonos existentes en la zona. Por el contrario, tanto El Bosque Pumalín Foundation como la Fundación EDUCEC han declarado formalmente que respetarán todos y cada uno de los títulos de dominio que ostentan los colonos existentes en la zona. Al mismo tiempo, han ofrecido al Gobierno colaborar con el Ministerio de Bienes Nacionales con el otorgamiento de títulos definitivos a aquellos colonos con solicitudes pendientes como también el otorgamiento de títulos a aquellas personas que no teniendo solicitudes pendientes reúnan los requisitos que exige el Decreto Ley 2695. Lo anterior no obsta a que tanto El Bosque Pumalín Foundation como la Fundación EDUCEC en aquellos casos en que detecten que existe tala ilegal de árboles, bota de desperdicios o basuras u otros actos atentatorios a las normas vigentes sobre medio ambiente denuncien estos hechos ante las autoridades correspondientes e insten por el cumplimiento de la legislación.
6.- ¿Cuántos juicios mantiene la fundación en contra de los colonos? En el evento de que esos juicios existan, ¿cuáles son las razones que los provocaron y el estado de los mismos?
- En la actualidad, no existe ningún juicio entre la Fundación EDUCEC y/o El Bosque Pumalín Foundation (o sus antecesores en el dominio de los predios) con colonos u otros habitantes de la zona. La Sociedad Agrícola Forestal Reñihué Limitada mantiene diversas controversias con la Pesquera Fiordo Blanco S.A. que, evidentemente, no tiene la calidad de colono.
(Nota de CDS: Esto no es cierto. Tompkins sostenía juicios con gente de la zona desde 1993, pero no los consideraba "colonos" por falta de títulos al día o por no registrar habitancia permanente en sus predios, estrategia que ha seguido utilizando en años posteriores)
7.- ¿Cuántos juicios mantiene la fundación en contra del fisco? Si estos se están tramitando, ¿cuáles son las razones que los provocaron y su actual estado?
- Ni El Bosque Pumalín Foundation ni la Fundación EDUCEC ni las restantes sociedades mantienen juicios con el Fisco sea en calidad de demandante o demandados.
Existe, no obstante, un recurso de protección pendiente interpuesto por la sociedad Agrícola y Forestal Reñihué Limitada (sociedad vinculada al Sr. Tompkins) respecto de un contrato celebrado por el Secretario Regional Ministerial del Ministerio de Bienes Nacionales con la Pesquera Fiordo Blanco S.A. y que dice relación con el arrendamiento a ésta última de un terreno o espacio de playa en el Fiordo Pillán. En dicho recurso se plantea la carencia de facultades por parte del citado Secretario Ministerial para arrendar dicho terreno.
8.- ¿Es verdad que la fundación, en las escrituras de compraventa, desconoce la soberanía nacional, al señalarse que el decreto ley 2.695 no tiene mérito alguno?
- Respecto del respeto a los títulos otorgados bajo el Decreto Ley 2.695, nos remitimos a la respuesta dada a la pregunta Nº 5. Es efectivo que en una de las escrituras de compraventa se señala que el Decreto Ley 2.695 es, en opinión de sus otorgantes, inconstitucional. Esta declaración fue una exigencia de los vendedores de dicho predio que no estaban en condiciones de garantizar que, dentro de los deslindes de las propiedades vendidas existieran o no colonos que hubieren obtenido títulos bajo el D.L. 2.695. Demás está agregar, que existen varios fallos de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia que ha declarado inconstitucional el mencionado Decreto Ley lo que, por cierto, no afecta a la soberanía nacional. No obstante, la Fundación Educec y el Sr. Tompkins consideran que si se cumple con todos los requisitos que señala el citado Decreto Ley, éste constituye un valiosísimo elemento de justicia social y pacificación, razón por la cual se respetarán todos los títulos obtenidos por los colonos de la zona.
9.- ¿Es efectivo que la fundación no permitirá la construcción de obras de infraestructura (caminos, accesos a la República Argentina a, etcétera) en el área?
- La construcción de obras de infraestructura es resorte de la autoridad pública quien posee facultades expresamente reconocidas por las leyes vigentes para construir caminos, puentes u otras obras de infraestructura, incluyendo accesos a la República Argentina, etc. Naturalmente, El Bosque Pumalín Foundation y la Fundación Educec reconocen y están conscientes de la existencia de dichas facultades y prerrogativas a las cuales, obviamente, nadie puede oponerse.
Lo anterior no obsta, sin embargo, a que en su oportunidad, la Fundación Educec o El Bosque Pumalín Foundation hagan valer a la autoridad correspondiente, en forma respetuosa y con los antecedentes del caso, su opinión o sugerencias respecto de la forma en que habrán de realizarse algunas de las obras, los trazados de las mismas, etc., todo ello, con el ánimo de preservar el medio ambiente y el ecosistema existente en los lugares en donde se requiera hacer alguna intervención
10. ¿La fundación fomentará la introducción de pobladores israelitas, en el objeto de crear una República denominada Andin? (sic)
(Nota de CDS: Se refiere al denominado "Plan Andinia", para algunos es sólo un chisme antisemita, para otros una conspiración en proceso verificable. Según se ha dicho, correspondería a la intención de fundar un presunto segundo Estado de Israel en el Cono Sur, en territorios que hoy corresponden a Chile y Argentina. La idea está asociada a la proliferación de intenciones de provocar brotes de secesionismos dirigidos en territorios patagónico)
- Ni El Bosque Pumalín Foundation ni la Fundación Educec tienen o han tenido contactos con etnias o grupos de ninguna naturaleza que pretendan trasladarse a la zona para poblar las áreas comprendidas dentro o fuera del Parque Pumalín.
Ignoramos el significado de la "República Andin" o los antecedentes que puedan haber dado lugar a formular esta pregunta. Sin embargo, hacemos presente que de la forma como está formulada la pregunta, podría inferirse un claro contenido antisemita. Tanto el Sr. Tompkins como la Fundación Educec rechazan categóricamente cualquiera discriminación basada en la raza, sexo o religión de las personas.
11. ¿Por qué razón, hasta la fecha, no han sido traspasados a la fundación los terrenos que han sido adquiridos?
- Nos remitimos a lo señalado en el reá mbulo. (...)
El caso del fundoSan Ignacio de Huinay
Para ese año de 1997, se había confirmado el interés de Tompkins por comprar el fundo San Ignacio de Huinay, al centro de los territorios de Pumalín y entonces perteneciente a la Universidad Católica de Valparaíso. Llegó a ofrecer dos millones de dólares por el estratégico predio, cuya posesión fue juzgada -con alarmismos- como un verdadero peligro de "cortar" al país, de llegar a ser integrado al parque. Esto alertó a la Subsecretaría de Interior y a los adversarios del proyecto.
Siendo por entonces concejal por Chiloé, don José Miguel Fritis interpuso un recurso de protección para proteger los intereses de dos colonos a cuyos predios habrían ingresado colaboradores de Tompkins para clavar estacas que disminuían la superficie de sus terrenos. Por esa misma época, en el diario "La Época" del domingo 30 de marzo de 1997, el Diputado Jaime Orpis declaró en una entrevista (que los defensores de Tompkins catalogaron como "infundada" y "tendenciosa"):
"El tiempo ha demostrado que teníamos razón. Nosotros recorrimos el lugar, desde Huinay hasta prácticamente Caleta Gonzalo, donde está Pumalín. Fuimos como turistas, de vacaciones y nos encontramos con la queja de los colonos".
El periodista señala seguidamente:
"En defensa de Tompkins se señala que nunca ha habido quejas formales ni que existen juicios en su contra...".
Y entonces responde:
"Tompkins tiene la mejor oficina de abogados de Santiago. ¿Qué esperanza tenían los colonos de poder defenderse?"
Sobre este último punto, veremos casos emblemáticos, como los de los colonos J. E. Ruiz y O. Barril (ver más adelante).
Una de las razones por las que la Universidad Católica de Valparaíso, finalmente, no vendió el fundo San Ignacio de Huinay (34.000 hectáreas) en 1997 a Tompkins, fue por respeto a los cerca de 40 colonos del lugar que la casa de estudios manifestaba en forma práctica, al reconocerle el título de dominio de 1956 a cuatro familias del fundo que tanto apetecía en norteamericano. Un llamado a venta respaldado por la subsecretaría permitió que el predio, finalmente, fuese adquirido por Endesa, frustrando los planes de la Deep Ecology.
Cuando se supo de la negativa a venderle el lugar, los colonos reaccionaron con alegría. El reportaje del suplemento dominical del diario "La Tercera" titulado "Huinay: paraíso de la discordia" (por Avi Galindo, 24/3/96, pág. 5) reproducía la siguiente declaración de una colono de la zona de Caleta Lloncochaiga:
"A mí no me gusta el señor Tompkins y por eso luché para que no se le vendieran las tierras. Nosotros nos sentíamos solos en la lucha, hasta que decidí viajar al Congreso. Allí me entrevisté con senadores y diputados que me dieron todo su apoyo. Con ellos y con otras autoridades conseguimos nuestros sueños..."
Esto desmiente el mito que repartían defensores los defensores de Tompkins como el señor diputado Gabriel Ascencio Mansilla, gran amigo del millonario, respecto de que las posiciones de sus detractores son fomentadas sólo "de arriba hacia abajo", es decir, por grupos de poder e influencia económica que han visto sus intereses comprometidos en el proyecto ecoturístico, olvidando la situación de los humildes colonos. Ascencio declaró también que era la propia universidad la que tenía intenciones de expulsar a los colonos de Huinay, presentando como base copias de las sentencias de un juicio de 1991 del Juzgado Civil de Letras de Chaitén. Sin embargo, las declaraciones de los colonos y el reconocimiento universitario a sus títulos obran en sentido contrario.
Colonos de los alrededores San Ignacio de Huinay, los principales opositores a la compra del fundo por Douglas Tompkins (Diario "La Tercera", 24/3/96, pág. 5 del suplemento dominical)
Fragmento de texto extractado de la fuente anterior, en base a críticas formuladas por los mismos colonos
La permanente excusade la presencia de las salmoneras
Situación de la Carretera Austral con relación al tramo bloqueado por Tompkins. Ruta real y relación implícita de unión entre cada tramo. El sector señalado pertenece al conjunto de la Carretera Austral. (Mapa Base: Guía Turistel 1999)
Mapa anterior a la construcción de la Carretera Austral. Tramo Leptepú-Fiordo Largo no está señalado (ni construido) por tratarse de un eslabón de la aún no nacida carretera. (Mapa: Biblioteca Antártica, 1980)
¿Camino público o privado?... Mapa carretero del Instituto Geográfico Militar impreso por Shell Chile S.A.C.I. en 1997 muestra completamente al tramo a Fiordo Largo (cerrado en su desembocadura Sur por Tompkins) como parte de la Carretera Austral, zona que ocupaban precisamente las salmoneras para acceder por tierra a la zona litoral, el terreno necesario para el desempeño de su industria
Los problemas de Tompkins con las salmoneras fueron otras de las primeras controversias conocidas. Como se recordará, la actividad es importante en la zona desde antes de la llegada de Tompkins.
Las disputas con salmoneros comenzaron en 1994, cuando fue cerrado un acceso a senderos públicos aledaños e interiores en la Carretera Austral en Fiordo Largo, donde operaba una salmonera.
Aunque no existen estudios concretos ni categóricos al respecto, y aunque a los propios salmoneros no les conviene alterar el mismo medio ambiente en que mantienen sus criaderos, siempre se han cuestionado las legislaciones ambientales chilenas que permiten la actividad de estas empresas bajo libertades que muchos consideran irresponsables y que, de alguna manera, han generado las suspicacias de países europeos competidores, como Finlandia, al considerar que los costos de producción de salmones chilenos se ven favorecidos precisamente por la falta de exigencias a las empresas para mantener intacto el entorno natural que ocupan.
En este contexto, el magnate acusó a los salmoneros de contaminar la zona y representar un peligro para el ecosistema, aunque más bien parecía estar motivado por el interés de impedir la presencia de focos de desarrollo económico en una zona que pretendía mantener despoblada y protegida.
La denuncia del cierre en Fiordo Largo coincidía con testimonios de visitantes que, generalmente en la temporada veraniega a pie o en vehículos, salían hacia el Sur de Hornopirén y al intentar entrar en caminos públicos que actualmente están dentro de los límites del Parque Pumalín saliéndose de la ruta turística contemplada para los visitantes, eran interceptados por tipos al estilo de "guardias" y persuadidos a devolverse sobre sus propias huellas. En otros casos, el camino simplemente estaba bloqueado con rejas o empalizadas.
La defensa de Tompkins alegó entonces que el terreno cerrado no pertenecía a la Carretera Austral. Esta sigue una línea sumamente sinuosa y discontinua en toda esta zona, pasando por encima de senos y fiordos por los que sólo es posible atravesar a través de trasbordo de navegación. Aún así es posible advertir cuál es el trazado original de la carretera y unir los puntos aislados que conforman la misma. Esto puede ser verificado observando cualquier mapa carretero o turístico: Desde Hornopirén sigue por la costa hasta el sector de Picancho, en donde se encuentra de frente con el Fiordo Quintupeu, que la corta por segunda vez. Durante todo este último trayecto, la carretera ya ha penetrado los límites del Parque Pumalín. De allí no salta al otro lado del fiordo, sino hacia el oeste, hasta Poyo, bajando luego en línea costera hasta la costa, donde vuelve a ser cortada. Es aquí donde nos encontramos con el tramo que Tompkins ha bloqueado, según las denuncias.
El tramo comprendido entre Leptepu y Fiordo Largo es el más pequeño eslabón de la carretera. Fue construido como parte los trabajos del proyecto Carretera Austral y pasa en toda su breve extensión por los dentro del Parque Pumalín. Se corta de súbito al llegar al Fiordo Reñihue, para continuar su curso al otro lado, en Caleta Gonzalo, desde donde desciende a Chaitén y continúa hacia el Sur sin nuevas interrupciones en todo el resto de la X Región., Aún así, la Tercera Sala de la Corte Suprema consideró que este tramo y sus salidas son "privadas".
En la actualidad en tramo de carretera a Fiordo Largo está abierto y transitable, pero, curiosamente, según pudo constatarlo una expedición de gente ligada a nuestra Corporación en enero 2002, existe allí una gran cantidad de "guardias" de Pumalín que persuaden a los viajeros a no salir de la carretera y limitarse a circular por ella (ni siquiera permitiendo sentarse dentro de las casetas de descanso que hay junto al sendero) bajo el pretexto de que "están en propiedad privada".
Como hemos dicho, Tompkins había manifestado desde el principio un rechazo a la actividad salmonera, ya que bajo sus preceptos de la "ecología profunda" no ve con buenos ojos la actividades de explotación de recursos al interior de sus terrenos, aún cuando esta actividad esté autorizada por el Estado. No existe ningún estudio comprobado de que los criaderos controlados de salmones efectivamente tengan un impacto negativo; aún así, los asumió como enemigos y ofreció un millón de pesos, a través de la prensa a quienes denunciaran matanzas ilegales de lobos marinos por parte de salmoneros.
La intolerancia a la presencia de las salmoneras por parte de Tompkins había quedado clara también ese año de 1997, cuando el magnate aplazó la reunión para firmar el protocolo entre él y el Gobierno, molesto porque una de las condiciones impuestas al funcionamiento de Pumalín era la autorización al funcionamiento de las salmoneras. Doña María Eugenia Oyarzún escribió al respecto lo siguiente:
"Un fax enviado al Hotel Ritz de Noruega, al matrimonio Kris / Doug Tompkins, por Matías Renard Resse (Jefe de Colonización del Ministerio de Bienes Nacionales) desde Melimoyu Project, informa sobre las condiciones que se exigen en Chile para pedir concesiones de pesca y cultivo de salmones en Melimoyo y Puerto Cisnes con el objetivo de evitar que se instalen otras salmoneras en el sector. Piden concesiones para que nadie las use".
"Lo curioso es que mientras el Estado de Chile ha dado una serie de exenciones, entre otras de algunos impuestos al millonario norteamericano, este personaje, a pesar de ser turista, se da el lujo de pertenecer a grupos que están realizando acciones que ocasionan millonarias pérdidas económicas a empresas chilenas."
La anterior revelación es una clara evidencia de que las diferencias del magnate con las salmoneras es un asunto de empatía y nada tienen que ver aquí los lobitos marinos, que son sólo la excusa.
La persistencia de estas disputas sería otro fuerte factor de tensión en el período de gestación del acuerdo de 1997.
La pistas de aterrizajey las islas polémicas
También existieron denuncias contra las libertades que Tompkins aparentemente se tomaba con su avioneta, cuando se hizo pública la existencia aeródromos en Chaitén por las que el magnate podía salir y entrar a Chile sin ser controlado. Una de estas salidas se habría producido el 27 de diciembre de 1996 sin que Investigaciones de Chile registraba su ingreso. Lo que entones se dijo fue que Tompkins podía salir de Chile cuando quisiera, según puede verse en fuentes como el diario "La Segunda" del 20 de marzo de 1997, página 13.
Las pistas de aterrizaje existen, son muy amplias y para su construcción el magnate derribó -en ciertos casos- gruesos sectores del mismo bosque nativo que compró con el pretexto de salvarlo, lo que también es una forma de tala ilegal. Hasta 1997 habían entre ocho y diez de ellas, y la Dirección de Aeronáutica Civil confirmó en marzo de aquel año que estas pistas estaban entre los proyectos más inmediatos del magnate: las más importantes estarían en Caleta Gonzalo y Fiordo Pillán. Hasta ese mes, habían por lo menos cuatro dentro de los límites de Pumalín. El vocero del organismo dependiente de la FACh declaró en el antes citado artículo de "La Segunda":
"...todos los radares tienen limitaciones. Si alguien quiere volar furtivamente lo puede hacer, porque no se puede ver a través de los cerros".
Simultáneamente, el diputado DC, Sergio Elgueta, declaraba exactamente lo mismo:
"Por ser una zona muy aislada y despoblada hay un escaso control policial, y el moderno radar de Tepual difícilmente podrá controlar los vuelos de los aviones de Tompkins. Helicópteros y avionetas a baja altura no son percibidas por el radar".
Los defensores de Tompkins -que aseguraban inicialmente la inexistencia de estas pistas- reconocieron entonces esta realidad, pero sólo en parte: según los abogados, habían entonces sólo dos pistas, idea que se ha intentado mantener hasta ahora. Sin embargo, la mayoría de sus detractores aseguran que la cantidad es de, por lo menos ocho pistas completamente operativas. La CONAF lo denunció en al menos una oportunidad, por derribar vegetación nativa en bahía Tic-Toc, precisamente para construir una de estas pistas de aterrizaje-despegue, lo que -guste o no- es una irregularidad a pesar de que no esté relacionada con las materias de fiscalización de la Dirección de Aeronáutica Civil. Otro predio adquirido por el magnate en las cercanías de Puyuhuapi ya contaba también, con anterioridad, con una pista.
Un hecho que llama la atención es que Tompkins siempre ha tenido problemas con sus aviones. La Fuerza Aérea de Chile ya lo había amonestado por el color de una de sus naves aéreas, semejante al camuflaje de un avión de guerra, algo bastante curioso, pues es un riesgo mayúsculo para un civil manejar una nave corriente con mimetización de bosque, precisamente sobre bosques, con riesgo de accidente. Salía constantemente desde un hangar en el aeropuerto de La Vara, cerca de Puerto Varas, y vecino a una villa militar de la FACh. En aquel entonces se denunciaba que volaba incluso en la noche, despegando con gran insistencia y a veces a muy baja altura, técnica que algunos consideran eficaz para evitar la detección radar de los vuelos, como hemos visto.
Otras de las denuncias que hizo pública Belisario Velasco en 1997, indicaban que Tompkins insistía en realizar gestiones de compra sobre algunos territorios aledaños al parque, especialmente en algunas islas. Dichas compras se proyectaban sobre terrenos de valor estratégico, lo que desató una serie de sospechas y temores.
Uno de estos terrenos era la Isla Guafo, de unas 30 mil hectáreas, situada entre el sureste de Isla de Chiloé y el Golfo Corcovado. Finalmente comprada por la empresa Coexport International, su posición en el océano es bastante estratégica; la Armada de Chile poseía cerca de 200 hectáreas en la misma.
Mucha gente ligada al tema está convencida, además, que el empresario forestal y turístico Jeremy Henderson, que había comprado parte de las tierras que circundan Quellón, al Sur de Chiloé y relativamente cerca de Guafo, sería un amigo y de alguna manera un "palo blanco" para las compras de Tompkins en la zona insular. Esto, a pesar de explotar los bosques locales y de expulsar algunas comunidades indígenas alojadas históricamente en los bosques que hoy le pertenecen a Henderson. Parte de esto territorios fueron comprados más tarde por el empresario y político chileno Sebastián Piñera, quien siendo presidente de Renovación Nacional se acercó y suscribió al proyecto de Tompkins muy notoriamente durante el año 2004, dando la espalda al Senador Horvath.
No hay forma de confirmar estas conjeturas, pero desde que Tompkins llegó a la región, solicitó durante los primeros años ofertas de venta de diversas zonas de todo el territorio, entre las que figuraba la isla Guafo. Los diarios informaron que la oferta le llegó en marzo de 1995, remitida por el Centro de Estudios Agrarios y Ambientales de Valdivia y ponía como condición que los recursos naturales no fueran explotados. Sin embargo, el magnate rechazó la oferta, como muchas otras que se le han hecho (le gusta "comprar barato", después de todo). El grueso de Parque Pumalín fue armado con las respuestas de once o doce grandes latifundistas que presentaron ofertas convenientes al criterio de Tompkins o bien aceptaron los montos ofrecido por el magnate por iniciativa propia; el resto es de propietarios menores y colonos.
Esta petición de ofrecimientos explicaría también por qué entre las ofertas aparece una de terrenos de Palena pertenecientes al archienemigo de Tompkins, el señor gobernador José Miguel Fritis, ya que la firma corredora de propiedades había respondido a este pedido general enviando en 1994 una oferta del terreno al magnate. El Diputado Alfredo Jocelyn-Holt (DC, famoso por conducir sin licencia y a extremo exceso de velocidad, más que por alguna otra cosa) defendió al magnate de los ataques de Fritis en 1999, argumentando que este último sólo tomaba represalias contra él ante su negativa de comprarle el predio, a lo que Fritis alegó que la venta estaba siendo llevada desde 1994 por terceros y que él no estaba al tanto de que se hubiesen hecho propuestas de venta a Douglas Tompkins. No es de extrañar que esto mismo haya ocurrido en Guafo y en un sinnúmero de otros territorios.
Un caso especial fue también el de isla Talcan, que está entre Castro y Chaitén y pertenece al grupo de islas situadas frente a Chiloé Continental y al norte del Golfo Corcovado. Comparando su situación estratégica con la del caso de isla Guafo, no puede ser casual que dos de sus más polémicos intentos de compras tengan por objeto a dos islas cercanas entre sí y ambas próximas al límite Sur Pumalín. Este sector de islas es importante, y cuenta con un aeródromo propio, perteneciendo también al Grupo Quintupeu. La excusa dada para explicar el interés del magnate en la isla fue curiosa: Tompkins quería enviar desde el continente a los colonos hasta una isla y allí rehacerles sus vidas. Lo anterior, ya poseyendo más de 200.000 hectáreas de terreno sólo en la región. El que decidiera adquirir otros nuevos para poner a los colonos, más bien suena a una medida para deshacerse de ellos. Cuando Adolf Hitler propuso lo mismo a los judíos alojados dentro de los límites del Tercer Reich, para reinstalarlos en la isla de Madagascar, la proposición fue considerada una monstruosidad y un abuso por la comunidad internacional, que aún condena tal proyecto. En el caso de Tompkins, en cambio, los "filántropos" lo vieron como un gesto noble y humanitario; un proyecto inconcluso para comprarle terrenos a los colonos en una isla.
La estratégica posición de Isla Guafo está entre lo que podría esperarse como lugar de interés a la chequera de Tompkins. Guafo está a la entrada del paso marítimo comprendido entre Chiloé y el archipiélago de las Guaitecas, que a su vez bloquean el acceso directo a las principales posesiones de Tompkins al sur de X Región y la XI Región
Ubicación de isla Talcan, con aeródromo propio y compartida por territorios en posesión de la Armada. Nuevamente, como en el caso de isla Guafo, nos encontramos frente a una estratégica posición en los mapas de parte de la isla apetecida por Tompkins
Tompkins nunca renunció a sus pretensiones sobre Tierra del Fuego (clic encima para ampliar imagen)
Génesis del primer acuerdo.La seguridad nacional
El Ministerio de Bienes Nacionales, cuando operaba a su completa disposición, le entregó a Tompkins la concesión de 100.000 hectáreas fiscales. Esta acción fue oportunamente denunciada por el Diputado Jorge Ulloa, quien agregó que ya en Porvenir, en la Tierra del Fuego, Tompkins había recibido la cesión de 16.000 hectáreas fiscales, que posteriormente devolvió, tal vez previendo un escándalo. Sin embargo, nunca renunció a sus pretensiones sobre Tierra del Fuego, participando desde el 9 de marzo de 1994 del proyecto de la Fundación de Educación, Ciencia y Tecnología (EDUCEC) en los alrededores del seno Almirantazgo, en la gran isla austral, proyecto posteriormente caducado. Es curioso ver así como Tompkins va tomando distintos roles y jerarquías dentro de las mismas organizaciones que actúan bajo su dirección formal o informal.
Mapa de la zona donde se dieron los hechos de la lancha Corcovado:1) Lugar donde recaló la nave en cuestión (dentro de Pumalín y en un muelle controlado por el magnate)2) Ubicación del campamento del Fiordo Reñihue3) Lugar donde se encuentra la casa de Tompkins. Puede que la lancha no pertenezca directamente a Tompkins, pero observando este plano, parece perfectamente posible que sea uno más de los vehículos de su "comunidad".
Es necesario recordar el insólito servilismo de los privados y de los funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales durante todo este período de la administración Aylwin, que permitieron la venta de terrenos australes a Tompkins a precios francamente ridículos.
Entre las muchas tierras de Tompkins en Argentina se destaca las adquiridas ese mismo en el sector conocido de Perito Moreno, de cerca de 75.000 hectáreas, hacia el interior del pueblo argentino Los Antiguos y muy cercano a nuestro Chile Chico. Esto generó nuevos reclamos desde la Subsecretaría de Interior: estamos hablando casi de una embajada de miles de kilómetros enclavada en nuestro propio y soberano territorio, donde acciones como expropiación o de ocupación militar interna -en caso de conflicto bélico- podrían verse imposibilitadas si leyes foráneas no lo permitieran. El millonario posee además amplios terrenos en el sector trasandino de San Martín de los Andes, aledaños al Parque Nacional Lanín, de Argentina, a su vez ubicado exactamente en la frontera de Chile, a la altura de Valdivia.
También hubo algunas denuncias sobre supuestos abastecimientos misteriosos en las inmediaciones del parque, como lo informara "El Llanquihue" del 19 de marzo de 1997 cuando una barcaza (una "pequeña lancha", según los defensores del magnate) repleta de abastecimientos alimenticios no perecibles fue interceptada por una patrullera de la Armada de Chile en Huitauque, la que actuaba sin guías ni documentos, sin autorización de la Armada y se dirigía el día 14 hacia Caleta Gonzalo. Se le pasó la multa correspondiente, pero jamás hubo explicación a este asunto, pues, ¿con qué objeto podrían estarse enviando enormes cargas de alimentos a zonas que se entienden despobladas en un parque natural? ¿Quién necesita toneladas de abastecimientos alimenticios en el territorio?
Aunque aparentemente la Corcovado CHN-1218 no era propiedad de Tompkins (según declaró su fundación), el destino de la nave evidentemente era en la propiedad del magnate, por lo que podemos presumir también que su contenido y el pedido correspondiente lo eran. A este hecho se le trató de bajar el perfil hábilmente por parte de los defensores del millonario de la Ecología Profunda.
Tompkins sabía ocupar muy convenientemente las influencias para sus propósitos. De ahí su profunda molestia cuando el Ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma cuestionó su accionar en el sur, dado que esperaba una opinión favorable de su relativa amistad con el político. Llegó a llamarle "arrogante y desubicado''. Nada nuevo: el propio abogado y amigo de Tompkins, don Fernando Dougnac Rodríguez, llegó a escribirle una carta en la que se lee lo siguiente:
"Creo que deberías ser más cauteloso en la forma como te expresas, pues tu lenguaje, aunque coloquial, rebasa lo que la cortesía hispanoamericana acepta. No estamos en el Far West ni estamos acostumbrados al modo de hablar de los cowboys ni de los colonizadores americanos. Somos un pueblo pequeño, pero digno". (María Eugenia Oyarzún - La Tercera, Domingo 13 de Junio de 1997, pág. 14)
Geopolíticamente hablando, otro asunto delicado es que los terrenos de Parque Pumalín colindan en gran parte por la frontera con el Parque Los Alerces, de Argentina, precisamente en donde se concentran gran parte de las cómodas pistas de aterrizaje contraídas por el magnate. El parque argentino está bajo la administración fiscal, de modo que puede ser perfectamente ocupado por las fuerzas militares locales antes de una eventual penetración hacia el Oeste en caso de conflicto bélico, mientras que nosotros aún no tenemos la certeza de lo que podría ocurrir en una auto-ocupación defensiva de los terrenos correspondientes a Pumalín.
Tompkins se reúne constantemente con funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, casi como uno más. Es ingenuo suponer que esta afinidad no está marcada también por influencias. Estas quedaron claras con la intromisión de la Embajada de los Estados Unidos en el acuerdo firmado entre Tompkins y el Gobierno de Chile en julio de 1997, y que el magnate alcanzó a respetar sólo unos días. El embajador Gabriel Guerra-Mondragón expresó en la oportunidad la satisfacción del cuerpo diplomático norteamericano por la firma de dicho acuerdo. Al año siguiente fue reemplazado por John O'Leary, otro famoso asesor de movimientos ecologistas que tuvo vital participación en el oscuro traspaso de los territorios de la Trillium a una ONG verde por parte del banco Goldman Sachs en Tierra del Fuego, durante el año 2004.
Comenzaron también las suspicacias a partir de sus pretensiones en nuevos terrenos de valor geopolítico y estratégico, y denuncias por uso de "palos blancos" para realizar adquisiciones sin ser descubierto.
El caso de la isla Guafo era sólo un ejemplo de las veces en que Tompkins se han interesado en propiedades de valor especial o de propiedad militares, la última de ellas un terreno de la Armada cercano a isla Margarita que ha pedido al Estado con el compromiso de adicionar de su bolsillo otras tierras colindantes para crear un Parque Marítimo Natural.
No era difícil imaginar desde ya, en una situación extrema, a organismos internacionales y a miles de ONG por todo el mundo reclamando contra Chile en sendas campañas de desprestigio por haber ocupado militarmente los territorios de un "santuario mundial", propietado por toda la humanidad en nuestro propio territorio.
A pesar de todo, secretamente algunos sectores del Gobierno estaban decididos a salvar el proyecto de Tompkins, cualquiera sean sus intenciones, y en contra de los antecedentes que algunos de los propios funcionarios de Estado ya manejaban a esas alturas.
Puntos del acuerdo de 1997:Tompkins lo rompe a los cuatro días de firmado
Tras el largo período de controversias que hemos descrito, Douglas Tompkins consiguió el 7 de julio de 1997 lo que tanto se había insistido: un acuerdo con el Gobierno (Presidido entonces por Eduardo Frei Ruiz-Tagle) para garantizar la creación de la reserva forestal de Parque Pumalín. El acuerdo fue firmado por Tompkins y el Ministro Secretario General de la Presidencia, don Juan Villarzú, a pesar de la sabida negativa de otros personeros de La Moneda, como fue el caso de don Belisario Velasco.
Obviamente, no todos quedaron conformes. El Senado solicitó al Gobierno la intervención de las autoridades, en un Oficio del 13 de Julio de 1997, propiciado por el Senador Antonio Horvath Kiss. Varios Senadores, entre ellos don Bruno Siebert y Rodolfo Stange, alzaron también su voz para el estudio profundo de este caso.
El acuerdo de entonces, según lo recordara tiempo después un artículo del diario "La Tercera", fijaba como condiciones las siguientes pautas ("La Tercera", jueves 21 de enero de 1999):
1) Abstenerse de adquirir más territorios en las regiones X, XI y XII por un año y hasta que entre en vigencia alguna ley que regule la adquisición de propiedades en regiones australes, tanto por chilenos como por extranjeros. Se le solicitaba a futuro no comprar a menos de 5 kilómetros de la frontera (Nota: se recordará que había sido abolida, por el anterior gobierno ultraentreguista de Patricio Aylwin, la ley que prohibía a los extranjeros adquirir territorios en la frontera y hasta a 10 kilómetros de ella).
2) Realizar las gestiones de regularización de títulos de propiedad de al menos 25 familias que iba a quedar dentro de los límites del parque.
3) Traspasar los terrenos del parque a una fundación especialmente creada con tal propósito, y con sede en Chile, constituida por siete miembros. Este es, acaso, el punto más importante del acuerdo.
4) Dejar públicamente en claro cuáles son los objetivos del parque y la relación con la permanencia de los colonos en la zona.
5) Coordinar con las autoridades regionales para que los esfuerzos del Estado por incrementar el desarrollo en la zona, no se vean afectados.
6) Garantizar el libre acceso a las personas y las actividades lícitas de pesca, minería y acuicultura.
7) Entregar al Estado o a terceros servidumbres, arriendos o usufructo en zonas donde se proyecten actividades de desarrollo e interés común.
8) Garantizar el libre tránsito de funcionarios públicos y miembros de empresas de Estado cuando lo requieran.
La ilusión, sin embargo, duró poco. Salvo contados casos, como el de la periodista María Eugenia Oyarzún ("La Tercera", domingo 27 de julio de 1997, pág. 8), pocos fueron capaces de prever que en menos de cuatro días, el magnate iba a romper el acuerdo, ya que el mismo no tenía ninguna clase de validez legal que obligase en algo a Tompkins.
En efecto, el día 11 la consulta jurídica de Douglas Tompkins presentó una nueva demanda contra uno de los colonos, llamado Juan Enrique Ruiz Ruiz, quien era definido por los abogados del magnate como un "no colono", cobrándole incluso costas de causa, abusivo artilugio legal que también ha sido usado en el caso del colono de Vodudahue, don Oscar Barril.
"Cabe preguntarse -escribe M. E. Oyarzún- si esta acción, realizada prácticamente mientras suscribía alegremente en La Moneda el acuerdo con el ministro Villarzú, no demuestra que el magnate norteamericano no piensa en cumplir siquiera un acuerdo de caballeros. Es difícil pensar que el avispado estadounidense no continúe con las demandas contra otros colonos que tenía suspendidas mientras duraban las negociaciones con el Gobierno".
Inicialmente, fue el abogado Ladislao Quevedo Lagenegger uno de los encargados de representarlo durante los procesos judiciales. Quevedo dirigió la querella de la fundación del magnate, presentada el 11 de julio de 1997 en el Juzgado de Letras de Chaitén, contra un humilde colono Ruiz Ruiz por un saneamiento hecho hacía 17 años en el predio de su propiedad, en el que había habitado casi 30 años. Como hemos dicho, este fue el caso que significó la prematura violación del flamante acuerdo.
A favor del magnate se presentó antecedentes de que el señor en cuestión no habitaba desde hacía unos pocos años el predio de su pertenencia (residía ahora en San Gregorio), de 466 hectáreas y ubicado en el sector de Fiordo Pillán (Palena), de modo que por eso "ya no era colono". El saneamiento había sido hecho por el Ministerio de Bienes Nacionales en 1980, y se ajustaba a toda legalidad. El uso de este recurso, sin embargo, no fue exclusivo de tal caso. El hecho de que muchos propietarios no puedan residir permanentemente en sus terrenos dadas las duras condiciones de abastecimiento y sobreviviencia en esos territorios (sin ayuda de nadie, por cierto) ha permitido cuestionamientos a la condición de colonos de muchos compatriotas enfrentados a controversias parecidas, como es el caso de Alejandro Chocair frente al Ministerio de Bienes Nacionales y a un megaproyecto turístico trazado para isla Nalcayec, que hemos abordado en otra parte de este sitio.
Aunque el colono Ruiz había solicitado su título de propiedad en 1979, la inscripción del terreno fue oficializada por el Estado de Chile sólo en 1996, cuando su predio ya estaba en la chequera de Tompkins. La periodista María Eugenia Oyarzún abordó detalladamente este caso en la edición del diario "La Tercera" del domingo 27 de julio de 1997, pág. 8 y 9. Quevedo alegó además que el predio había sido supuestamente vendido por el señor Ruiz a una empresa salmonera, Fiordo Blanco S.A., en 1993, pero continuó con los trámites de propiedad. En conclusión, Ruiz terminó comprometido al pago de "costas de la causa", para que el demandado le reembolsara todo el dinero que el modesto y humilde multimillonario gastó en trámites legales de la querella. Este recurso ha sido empleado al final de otros juicios, contra todo aquel que se aventure en la osadía de enfrentar judicialmente al magnate, como en el caso del colono Osvaldo Barril, quien debió cancelarle 5 millones de pesos al magnate por costas de proceso exactamente mientras éste llegaba vulgarmente vestido a La Moneda a conversar con el Ministro García, por orden del Presidente Lagos, y salvar el proyecto Pumalín, en julio 2001.
El problema con Ruiz tiene, por un lado, un probable sentido de amedrentación, mientras que, por otro, buscaba resolver aceleradamente una situación pendiente con el colono en cuestión. En ambos casos se trata de un abierto desafío a lo pactado.
Intentos de sabotaje y más disputascon las salmoneras
Poco después de estos hechos de 1997, se supo que en los Estados Unidos se estaba publicando un aviso a página completa en el famoso "The New York Times", financiado con 25.000 dólares de la Fundación Pumalín a través de la Deep Ecology, que, bajo el alero de alertar sobre la deforestación en Chile, tenía por objeto producir problemas arancelarios y deprimir la actividad forestal. Súmese a ello el problema con los salmoneros, que ha perdurado por largo tiempo, y queda claro que el magnate tampoco ha respetado las exigencias del acuerdo relacionadas con lo impedir la libertad de actividades de desarrollo en la zona.
La parte más delicada, sin embargo, vino cuando Tompkins reinició silenciosamente sus compras de territorio y la extensión de los dominios de Parque Pumalín: 20.000 hectáreas de un predio situado en las faldas del volcán Michimahuida, en Chaitén, a principios de 1999.
Lo que más indignó, sin embargo, era la negativa de Tompkins a cumplir con el fundamental trámite de pasar la administración del parque a una entidad con sede en Chile. A la poca simpatía de varios parlamentarios DC por el proyecto, entre los que se encontraba el Senador Gabriel Valdés, se fue sumando gradualmente la de los políticos que habían sido funcionarios de La Moneda durante el período de 1997 en que se formalizó el acuerdo, empezando por el propio ex-Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ahora Senador vitalicio.
La prueba más clara de esta administración supranacional de los predios de Tompkins fue este inclumplimiento al acuerdo suscrito con el entonces Ministro Juan Villazú, sin que se le sancionara de ninguna manera. El documento firmado no tenía ningún valor ni efecto legal interno a la legislación de nuestro territorio y habría terminado produciendo un efecto inverso, al acabar con la administración de EDUCEC y crear una nueva instancia directiva para Tompkins, cada vez más desprendida de la legislación chilena. Así lo alcanzó a denunciar sólo unos días antes de su firma el vicepresidente de la Democracia Cristiana, señor Patricio Santamaría, lamentablemente sin ser oído.
La situación más delicada de esta relación tan estrecha con funcionarios del Gobierno de su país natal es la posible relación de Tompkins con la acusación de dumping contra las salmoneras chilenas por parte del Gobierno de los Estados Unidos, precisamente en el clímax de sus conflictos con las empresa piscicultoras. Un argumento contra las salmoneras por parte de los norteamericanos fue el mismo que utilizó el magnate en Puerto Montt: los lobos marinos, esta vez, porque las empresas no estarían empleando sonares para alejarlos de los criaderos, sino que matándolos.
Parece ser que Tompkins está empeñado en castigar a las actividades económicas chilenos como represalia a lo que ha considerado como ingratitudes. En una entrevista al diputado Jaime Orpis, podemos leer su siguiente declaración:
"Yo fui el único parlamentario que estuvo en EE.UU. cuando se votó el fast track y pude constatar que Tompkins no es un ciudadano cualquiera. La embajada norteamericana no me quiso entregar la carta que le envió Tompkins a Clinton y a los senadores pidiendo que se rechazara el fast track porque en Chile se perseguía a los extranjeros, concretamente a los norteamericanos."
En general, Tompkins parece estar contra cualquier tipo de actividad industrial, de desarrollo económico o de explotación de recursos en la zona, pues le preocupa la idea de que lleguen a establecerse al lugar nuevos colonos tentados por eventuales posibilidades laborales. Es otra de las razones que han hecho fracasar el plan de colonización austral en los últimos años, al impedir dentro del territorio aludido todo posible foco de desarrollo económico.
Finalmente, para principios de 1999, ya llevaba más de 400.000 hectáreas (conocidas) compradas no sólo en la X Región, sino desde la IX a la XII Región. Pumalín constituye sólo 267.000 de ellas, a las que se adicionaron otras 20.000 del Fundo Chaitén, adquiridas entre enero y febrero de 1999, junto al volcán Michimahuida.
Era claro que el nuevo Gobierno, asumido con Ricardo Lagos Escobar el año 2000, iba a darle la oportunidad a Tompkins de ganar tiempo con un nuevo acuerdo sin valor ni trascendencia reales.
Impacto poblacional en Pumalín
Una interesante polémica persistió después del acuerdo de 1997. Mientras la fundación de Tompkins aseguraba que la población había crecido en la zona de Parque Pumalín, datos oficiales demostraban dramáticamente lo contrario.
No es posible saber si los habitantes que hicieron "aumentar" el número de pobladores de la región, según Tompkins, tienen algo que ver con los nuevos "empleos" ofrecidos por el magnate dentro de su extraña comunidad tipo colonia de trabajo, pues el principio N° 5 de las ocho leyes de conciencia del Movimiento de la Ecología Profunda, presidido en la actualidad por Tompkins, dice más o menos lo siguiente:
"El florecer de la vida y de la cultura humana es compatible con un descenso radical en el número de la población humana. El florecer de la vida no humana también necesita de este descenso".
En otras palabras, si Tompkins efectivamente no estuviera aplicando medidas de despoblamiento en la región, estaría en contra de sus propios principios eco-fundamentalistas, en donde la conservación del medio requiere necesariamente del control de la población mantenida a niveles mínimos. Ya vimos que estuvo a punto de realizar una creativa forma de deshacerse de los colonos, enviándolos a una isla.
Por otro lado, que genere unos 200 empleos calculados no es gran cosa si se trata de la persona que posee casi toda la Provincia de Palena. Sus "empleados" son cuidadores, peones y vigilantes de preferencia. Son los alegres colonos que, con cierta recurrencia, se muestran en algunos reportajes de TV que simpatizan con el magnate, deshaciéndose en elogios hacia su ego y fingiendo representar la posición generalizada de todos los compatriotas dispersos por Palena. Son apenas cerca de 250 las familias de colonos que viven en las zonas rurales de la X a la XII región que están bajo el interés de Tompkins. Que aumenten un poco más no es nada, pues son algunas de las últimas tierras nobles que aún quedan para colonizar dentro del país, proceso que aún está en desarrollo, al menos lo estaba hasta la llegada de Tompkins.
De todo el terreno proyectado por Tompkins para un Santuario Natural, sólo un 0,5% podría ser colonizable -constituido el parque- y habitable como antes lo era toda la mayor parte de la región, de modo que es bastante dudosa la afirmación de que el magnate llegó allí "a ofrecer trabajos". Esa pequeña fracción de terreno laboralmente valioso dentro del parque corresponde a los llamados "campos demostrativos" que se ofrecen de manera expositiva a los turistas, con recreaciones de la actividad agrícola. Por otro lado, el único rubro laboral no agrícola ni forestal realmente importante de la poco habitada región, eran las salmoneras que, como vemos, han sido y son una de las principales molestias de la fundación.
Entre fines del año 2000 y mediados del 2001, los colonos propiamente tales de la zona de Vodudahue -por dar un ejemplo-sumaban a penas 5, es decir, menos que los 6 carabineros que hay en la zona. Caminos y hasta escuelas habían sido cerrados por causa del despoblamiento, desperdiciando con ello una cara e importante inversión social cuyo principal objetivo era, precisamente, garantizar el éxito de la colonización.
Carta del Instituto Histórico Arturo Pratal MINEDUC (mayo 2001)
La siguiente es la carta enviada por el Instituto Histórico Arturo Prat (www.ihap.cl) a la Ministra de Educación Mariana Aylwin Oyarzún, en mayo de 2001, cuando ésta se encontraba estudiando la autorización que su Cartera de Estado debía dar o no al Proyecto Pumalín para ser declarado "Santuario de la Naturaleza". Pocas semanas más tarde, la ministra decidió que sólo autorizaría la creación del parque cuando Tompkins o la fundación receptora declare residencia en Chile (11 de julio de 2001).
El lector podrá juzgar por si mismo si esta elocuente carta habrá influido en la decisión de la ministra:
Santiago, Lunes 14 de mayo de 2001
Señora Ministro de EducaciónDoña Mariana Aylwin OyarzúnPresente
Señora Ministro:
Por acuerdo de la Asamblea de Socios Instituto Histórico Arturo Prat, nos dirigimos a usted para representar un muy delicado asunto que afecta gravemente a la soberanía de nuestro país y los intereses más esenciales y sagrados de la patria.
Y particularmente ahora, porque es durante el mes de mayo cuando, en torno a la heroica figura de don Arturo Prat, conmemoramos uno de los días más importantes de la historia de nuestro país. Es en esta fecha cuando valoramos gestos como el llevado a cabo por Prat y sus hombres, cuando descubrimos la real importancia que jugó aquella época, y para siempre, la imagen de nuestro héroe dentro de la sociedad. Esto significa que todos los chilenos, sin importar su condición social o color político, se sienten orgullosos de tener una patria única en el mundo.
A través de nuestra historia hemos sufrido desastres naturales, divisiones políticas y pobreza. Hoy enfrentamos algo mucho más grave, que afecta la integridad territorial de la patria, comprometiendo directamente a la soberanía nacional.
En efecto, el ciudadano norteamericano Douglas Tompkins, quien se encuentra en nuestro país con visa de turista, ha comprado una inmensa cantidad de tierras en el sur del país, dividiendo así el territorio nacional, para lograr objetivos que a nosotros nos resultan poco claros.
Hay que destacar, además, que el sucesor del señor Tompkins en el dominio de estos territorios, es una fundación que reside en Estados Unidos y que rige bajos leyes norteamericanas, comprometiendo la plena jurisdicción de Chile a su respecto, y ésto implica un toque de alarma.
Más aún su se ha solicitado la declaración de estos dominios como "Santuario Natural".
A este respecto, es importante considerar que, desde hace mucho tiempo, en Estados Unidos se ha desarrollado un tipo de negocio que consiste en crear "santuarios" y comprar los terrenos aledaños a esas tierras, para luego ser vendidas a grandes empresarios, ofreciéndoles lugares de descanso. Si esto se aplica al sur de Chile implicaría el problamiento de estadounidenses de esos territorios.
La entrega a un ciudadano extranjero de vastos territorios que abarcan desde la frontera hasta el mar, seguida de una declaración de santuario natural y del consiguiente despoblamiento de dichos territorios por parte de ciudadanos chilenos, y del afincamiento de ciudadanos estadounidenses en la zona, aunque sea con fines recreacionales, compromete ostensiblemente el interés nacional.
Entretanto, ¿qué ha pasado con nuestros colonos? ¿Acaso se terminó la colonización?
Desde luego no debe escapar a su alto criterio la conveniencia de seguir adelante en el poblamiento por chilenos de esos territorios, ya que una ocupación efectiva es una demostración de soberanía respecto a un territorio como Ud. bien sabe.
En este sentido, hoy es el momento de llevar a cabo un magnífico proyecto de colonización, permitiendo terminar con la cesantía mediante un desarrollo armónico de esa zona, en sus distintas potencialidades pesqueras, agrícolas, forestales, ganaderas y otras, con el consiguiente poblamiento con nuevas familias, escuelas, profesores y profesionales.
Por otro lado, de aquí a diez años no existen proyectos de construcción de nuevas centrales eléctricas. De acuerdo con el plan de electrificación nacional, el río Backer es una fuente fundamental para el desarrollo hidroeléctrico, lo que sería incompatible con la creación de un "Santuario Nacional" antes referido, ya que no se podría extender un sistema de distribución eléctrico por aquellos terrenos, tal y como el señor Tompkins ha dicho que no lo permitirá.
Finalmente, no debe olvidarse que cada día se escucha más fuerte la voz de que en Sudamérica, hacia el año 2050, existirían más países en la región. Así en el diario El Mercurio, el día 8 de septiembre de 1999, aparece un artículo en su página A7, bajo el título "Continente sería susceptible de sucumbir a la fragmentación - Podrían crearse más países en Latinoamérica".
Dicho artículo sigue la conocida tesis de Joel Garreau, investigador norteamericano que en la década de los ochenta afirmaba en su libro "The nine nations of North America" que algunas regiones del mundo sufrirían cambios en el número de países que la componen. Y ahora último el señor Juan Enríquez, investigador del Centro de Estudios David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard y ex académico de la más importante universidad de México, revive el mismo planteamiento, pero con antecedentes aún más cercanos a la realidad. No creemos que se trate de política ficción como se pregunta el periodista en su artículo, sino de una forma de dominar una región determinada por medios pacíficos, sin necesidad de guerra. Recordemos los conocidísimos casos de Panamá, Gibraltar, Islas Malvinas, entre otras. En efecto el estado independiente de Belice se formó a partir de una concesión maderera a súbditos británicos por el estado de Guatemala.
Por otra parte, es conocida la política de Estados Unidos en torno a la deuda extranjera, en donde aceptarían territorios como forma de pago ("Debt for Land Swap"). Particularmente cuando el país a aumentado fuertemente su deuda externa, es posible pensar que nos exija esta forma de pago, lo que reviste la mayor seriedad. En este sentido, ¿no habrá un especial interés de Estados Unidos en aumentar la deuda externa de Latinoamérica?...
Como podrá ver, Señora Ministro, este es un tema delicadísimo, pues está en juego nada menos que la soberanía de Chile.
Así, el decreto que está Ud. por aprobar, no haría sino avalar, sin quererlo, la venta de parte de nuestro territorio a una potencia extranjera.
Solicitamos entonces la postergación de dicho decreto hasta previo estudio de su implicancia y considerar, además, la dictación de una ley que disponga la expropiación de dichos territorios y de los demás en iguales circunstancias, por exigirlo así el interés nacional.
Adjuntamos a Ud. copias de los artículos de prensa antes señalados.
Julio Tapia Fallk (Vicepresidente)
Álvaro Quijano Fernández (Secretario General)
*Información adicional sobre el contenido de esta denuncia en nuestro artículo sobre la teoría de Juan Enríquez sobre la aparición de nuevos países.
Segundo acuerdo en junio de 2001.Atropellos a la constitucionalidad
El viernes 29 de junio del 2001, e inmediatamente después de las amenazas de Tompkins de abandonar su proyecto ante el rechazo del que era objeto, el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar, a través de su Ministro Secretario General don Álvaro García, se suscribió un acuerdo complementario directo entre el Estado y el magnate, destinado a salvar del peligro el proyecto, a través de un nuevo protocolo que garantizaba la creación de un santuario natural. Gran influencia tuvo en la gestación de este acuerdo, la presencia de la señora Adriana Hoffman Jacoby en la Comisión Nacional de Medio Ambiente, CONAMA, una conocida ecologista que recibía financiamiento de parte del magnate para una de sus ONG, a pesar de que sus poquísimos talentos para el cargo le valieron una abrupta salida del mismo, unos meses más tarde.
En estricto rigor, este acuerdo resulta ser absolutamente inconstitucional, pues ni el Presidente ni alguno de sus Ministros puede permitirse funciones extras a las mencionadas en la Constitución de la República. En otras palabras, ninguno de ellos puede establecer con particulares acuerdos o convenios en nombre del Estado y que generen obligaciones de parte de este último, como lo hiciera notar el Diputado DC don Sergio Elgueta. A mayor abundamiento, la Constitución Política de la República establece como atribuciones propias del Presidente de la República aquellas mencionadas en el Artículo 32, mientras que la de los Ministros queda establecida en los artículos 35, 36 y 37 (ver más abajo).
La opinión pública debe tener claro que los protocolos con el Gobierno, por parte de Douglas Tompkins, no sólo rayan en la ilegitimidad constitucional, sino que sustituyen un acuerdo anterior suscrito con el Gobierno, carente de toda obligatoriedad o garantía de cumplimiento, por otro de similares características, que no da ninguna clase de seguridad sobre el destino positivo del mismo.
Era claro para quienes siguen el caso, que la negativa de Tompkins a respetar el acuerdo de 1997 se estrella con los principales puntos reestablecidos en el convenio complementario 2001:
a) Respetar la presencia de los colonos en la zona.
b) Poner la administración del parque en manos de una entidad nacional.
Quizás en estos puntos, el lector avezado pueda advertir -o especular- cuáles serían las verdaderas intenciones del magnate con respecto a Pumalín.
CAPITULO I "BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE: "Artículo 3º: El Estado de Chile es unitario. Su territorio se divide en regiones. La ley propenderá a que su administración sea funcional y territorialmente descentralizada". (Lo que ocurre en Pumalín afecta directamente el programa de regionalización y colonización)
CAPITULO III "DE LOS DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES", INCISO Nº 24, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE:"Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre el que recae o de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de la ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador." (Nota: este artículo permitiría también recurrir a la expropiación en caso de continuar la polémica en Palena).
TITULO I "DELITOS CONTRA LA SOBERANÍA NACIONAL Y LA SEGURIDAD EXTERIOR DEL ESTADO", DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO Nº 12.927 DEL DECRETO SUPREMO Nº 890 DEL 25 DE AGOSTO DE 1975: "Artículo 1º: (...) cometen delito contra la soberanía nacional:
a) Los que de hecho ofendieren gravemente el sentimiento patrio o el de independencia política de la Nación;
b) Los que de palabra o por escrito o valiéndose de cualquier otro medio, propiciaren la incorporación de todo o parte del territorio nacional a un Estado extranjero;
c) Los que prestaren ayuda a una potencia extranjera con el fin de desconocer el principio de autodeterminación del pueblo chileno o de someterse al dominio político de dicha potencia;
d) Los que mantengan relaciones con gobiernos, entidades u organizaciones extranjeras o reciban auxilios materiales, con el fin de ejecutar hechos que las letras anteriores penan como delitos;
e) Los que para cualquiera de los fines delictuosos señalados en las letras precedentes se colocaren en Chile al servicio de una potencia extranjera, y
f) Los que para cometer los delitos previstos en las letras precedentes, se asociaren a partidos políticos, movimientos o agrupaciones.
Nuevas amenazas a los colonosdespués del segundo acuerdo
El día 3 de julio 2002, el Alcalde de Chaitén, don José Miguel Fritis, llegó al Congreso Nacional portando una pesada carpeta de nuevas denuncias de hostigamientos y palos blancos en torno a las compras de Douglas Tompkins. Los antecedentes demostraban que, por segunda vez, el magnate estaba pasando por encima de la palabra empeñada. La documentación la presentó ante la Comisión de Bienes Nacionales con respaldo del Senador Sergio Páez, de militancia DC al igual que el alcalde.
Entre otras denuncias, Fritis expuso detalles sobre la compra por parte de Tompkins de un enorme terreno de unas 320 hectáreas situadas en Isla de los Canales, en la comuna de Cisnes, en unos $50 millones, transacción realizada el día 2 de febrero del año 2001, sólo siete días después de que el mismo terreno había sido adquirido por un agricultor de Puerto Raúl Marín Balmaceda, don Juan Miguel Gómez, en $20 millones. La promesa de compraventa existía desde el año 2000 y la venta estaba certificada por un acta de adquisiciones del Ministerio de Bienes Nacionales; sin embargo, esto no impidió que la Agrícola Forestal Reñihué Limitada la adquiriese poco después, según Fritis como máscara de las actividades de Tompkins.
Tanto en este caso como los varios otros presentados por el alcalde, está la presencia de esos oscuros "palos blancos" de los que Tompkins se estaría valiendo para realizar estas compras compulsivas, como la antedicha sociedad agrícola, además de la leal ayuda del ex-funcionario de Bienes Nacionales, señor Carlos Cuevas, quien continuó manteniendo una estrecha relación con esta secretaría y particularmente con una de las personas que se desempeñan en ella.
Esta influencia de Cuevas en favor de Tompkins ha sido reconocida por el propio magnate en algunas de sus cartas enviadas a colonos o propietarios de la zona, y que hemos reproducido. Por esta razón, el alcalde de Chaitén solicitó a la comisión la investigación de los propios funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales, para revelar los nexos de esta cartera con el magnate.
Según los informes de Fritis, entre 1994 y 1999 los territorios comprados por Tompkins ya sumaban cerca de 439.000 hectáreas, excediendo ampliamente la extensión del territorio que había acordado para el proyecto en los dos acuerdos anteriores. Las compras eran 67, y los antecedentes de cada una también fueron llevados a la comisión.
Junto a su lista de unos 60 colonos que acusaban presiones indebidas para vender sus territorios, Fritis expuso situaciones preocupantes, como la continuación del proceso de despoblamiento posterior al acuerdo: baste el ejemplo de la Escuela Huinay, que de 40 alumnos bajó a sólo 11 en el año 2001, y de seguro terminará en cero de seguir este ritmo.
La aparición de nuevas denuncias de uso de "palos blancos" revistió particular gravedad. El empresario Timmy Goldsmith, por ejemplo, intentó actuar como tal a petición de Tompkins, para comprar -a nombre de una "Fundación Goldsmith"- un terreno de 170.000 hectáreas pertenecientes al Ejército de Chile y cercano al Corcovado.
Otro caso insólito -también presentado por Fritis- que comprueba las relaciones de Tompkins con Carlos Cuevas y su presencia detrás de la controvertida Agrícola Forestal Reñihué Limitada, involucra al propietario de la zona don Juan Carlos Cubillos Casanova, quien se había establecido en la Puntilla de Santo Domingo, Melimoyu, en la comuna de Cisnes, el año 1980, por lo que era un colono pionero en esa zona específica. Los demás habitantes llegaron sólo a partir del plan de colonización del año 1985, año en que consiguió que el Fisco le reconociera el título de dominio sobre el predio denominado "Lote 30", de 755 hectáreas, pero por un error se le entregó el terreno colindante, que no incluía el área junto a la playa donde tenía construida su vivienda. Por consejo del propio Ministerio de Bienes Nacionales, en 1996 Cubillos inició la compra de las 40 hectáreas que habitaba en la Puntilla de Santo Domingo para adicionarlas a su propiedad.
Lamentablemente para Cubillos, aquel año de 1996 los intereses de Tompkins ya se habían posado sobre el territorio. El colono llegó a tener algún nivel de contacto con Tompkins y Cuevas, tras lo cual se vio asediado por amenazas judiciales de parte de estos personajes y duros altercados. Había vendido a esta forestal el lote que el fisco le había concedido en momentos en que se tramitaba la entrega de la propiedad costera donde él tenía establecida su vivienda. Sin embargo, la Agrícola Forestal Reñihué Limitada -en representación de Tompkins- reaccionó inusitadamente e intentó sabotear el traspaso, lo que demuestra otra de las sospechosas tendencias del magnate, en el sentido de apropiarse de terrenos colindantes con el litoral, es decir, los accesos a tierra firme.
En una carta particularmente amenazante, dirigida a Cubillos el 4 de mayo de 2000, el millonario ecológico comete el error de registrar este insólito exabrupto (no poco habitual en su difícil carácter, sin embargo):
"Si quieres saberlo, tenemos nuestro propio orgullo y auto respeto (sic) y en el fondo este problema no tiene tanto que ver con el tema de la tierra de la playa, sino que es una sunto de principios. En este caso, por tratarse de principios, estamos decididos a llegar hasta el final de las cosas, no importa el tiempo que demore y el costo económico que esto signifique. Creo que tú harías exactamente lo mismo si estuvieras en nuestro lugar".
Confirmando estas denuncias de posibles "palos blancos" que se sentaban sobre el acuerdo, tras la ruptura de conversaciones con Tompkins, el señor Cubillos fue inesperadamente demandado el 23 de enero 2001 por la Agrícola Forestal Reñihué Limitada, que interponía demanda para Juicio de Nulidad Publica, tramitado en el 21 Juzgado Civil de Santiago. Curiosamente, era representada por una tal Reñihué Holdings, LLC, invocando un poder otorgado en marzo de 1998 en una notaría de la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, y para facultades de representación que no consideraban la de una personalidad jurídica en un juicio. Agrícola Forestal Reñihué Limitada había adquirido terrenos adyacentes a los de Cubillos.
Además, la demanda de Agrícola Forestal Reñihué Limitada no podría tener otro interés que el cumplir con la conocida obsesión de Tompkins por mantener muy bajas tasas poblacionales en sus territorios, pues el terreno aledaño al Lote 30 en caso alguno podría haber estado en el interés de la sociedad demandante, dado que la propia legislación chilena impide vender estas franjas de terrenos a particulares (artículo 6º de Decreto Ley Nº 1939, de 1977, del Ministerio de Tierras y Colonización). Esto sólo se explica por la conocida costumbre de Tompkins por acaparar en sus propiedades los terrenos de acceso hacia las costas y playas.
Si se observan las fechas, este caso estaba en pleno proceso cuando Douglas Tompkins firmó su segundo acuerdo con La Moneda, en junio de 2001. En consecuencia, el nuevo convenio estaba condenado al fracaso aún antes de ser pactado.
Amenazante carta de Douglas Tompkins al colono Juan Carlos Cubillos, en mayo de 2000. Nuevamente, un acuerdo con el Estado era pisoteado (click encima para ampliación)
¿Cuál es la extensión actualde las propiedades de Tompkins?
En 1997, se declaró desde la Subsecretaría de Interior que Tompkins poseía unas 30 mil hectáreas sólo en la IX Región. Sus partidarios alegaron entonces que sólo poseía 7 mil hectáreas adquiridas con fines ecológicos, a parte de las ya 300 mil reconocidas dentro de Pumalín (otros alegan que serían casi el doble, contando las propiedades dispersas). Para el 2003, obviamente, alguien estaba mintiendo...
Las principales organizaciones que actúan en su representación para las compras en la XI Región han sido Fundación Patagonia, Fundación EDUCEC, Fundación Pumalín, Campoamor, Grupo Quintupeu, 40 Grados Sur, Riñihue, entre otras. Las primeras compras de territorio en la XI Región comienzan tempranamente, en 1993, como hemos dicho, y de alguna manera no han cesado.
Lo anterior puede verse en el siguiente gráfico de las primeras compras del magnate (primeros cuatro años):
Año
Lugar
Hás
1991
Villarrica/Pucón
?
1991
Valle Reñihue
10.000
1992
Rorohuentro
30.000
1992
Quintupeu
20.000
1993
XI Región*
30.000
1993
Fundo Linahuá
8.500
1994
Cahulemó
18.350
1994
Vodudahue
26.150
1994
Pillán
48.350
1994
Reñihue Norte
38.500
1994
Reñihue Sur
56.480
1994
Pumalín
16.410
1994
Refugio
11.699
(*) = Isla Magdalena, Puyuhuapi, Raúl Marín Balmaceda y Melimoyu
Las citadas 30 hectáreas de la acusación eran las que poseían sólo dos de estas agrupaciones en la XI Región: Fundación Bosque Pumalín y Forty Degrees South (ONG de Estados Unidos).
La siguiente tabla muestra la acumulación de las compras de Tompkins hasta enero de 1999 sólo entre la X y la XI Región:
Ubicación
Hectáreas
Palena (X Reg)
270.000
Bahía Tic-toc (X Reg)
92.000
XI Región*
30.000
Fundo Chaitén
20.000
Total Región X y XI
412.000
(*) = Isla Magdalena, Puyuhuapi, Raúl Marín Balmaceda y Melimoyu (Fuente: CEDOC, Copesa, 21/1/99)
Si sumamos los territorios comprados por Tompkins en el límite de la X y XI Región, en Bahía Tic-toc (donde está el puerto principal de su "reino"), hasta marzo de 1997 el magnate llevaba compradas en la XI Región un total de... ¡110.000 hectáreas! Para el 2002 ya había ofrecido una parte de ellas, en isla Magdalena, para la creación de un Parque Marítimo, siempre y cuando fuesen cedidas ciertas extensiones de terreno en la zona de parte del fisco, las que pertenecen a la Armada de Chile (!).
De esta manera, el año 2003 comenzó con incipientes nuevas polémicas que polarizaron más aún los bandos de partidarios y opositores al proyecto. Particularmente férrea fue la posición detractora del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ya definitivamente pasado al bando contrario a Pumalín.
Tercer acuerdo:convenio Huenchumilla-Tompkins de 2003
Como hemos visto, tanto el acuerdo de 1997 como convenio del 2001 consideraban la necesidad de que Douglas Tompkins colocara su enorme extensión de territorio de Parque Pumalín en manos de una fundación chilena, que la administraría desde ese momento en adelante. Las muy oportunas dificultades y polémicas del magnate con los colonos que no están a su servicio dentro de los límites de Pumalín, han aparecido precisamente en momentos en que el cumplimiento de este traspaso debía estar cerca o, cuanto menos, sin más excusas para continuar postergándolo.
Tras siete años de sucesivas y sospechosas postergaciones, para abril del año 2003 el manto de duda y molestia volvió a caer sobre el magnate y sobre todo el Proyecto Pumalín. Esta vez, Tompkins no se molestó en idear triquiñuelas demasiado creativas y, simplemente, alegó con no concretaría el traspaso sin que antes el parque fuese declarado "Santuario", exigencia ridícula, pues hacía ya casi una década que el Gobierno había establecido la imposibilidad de realizar dicho trámite sin contar primero con el traspaso (ver nuestra carta traspaso de Parque Pumalín).
Ofuscado con tantas presiones de parte del magnate, el Ministro de Bienes Nacionales, Jaime Ravinet, declaró el día 17 de abril al diario "La Tercera" que:
"No nos resulta aceptable que el señor Tompkins venga a fijar pautas al gobierno chileno sobre cómo debe administrarse un parque nacional".
Lamentablemente, el que no ha cumplido con el protocolo de 1997 es el señor Tompkins, que hasta el momento no ha constituido la fundación chilena que va a ser la propietaria de los terrenos que se declaren santuario de la naturaleza".
En consecuencia, lo que queda claro es que el único, permanente y real "desacuerdo" que ha llevado a Tompkins al reiterado desconocimiento de los acuerdos que firma una y otra vez con el Estado, ES SU EVIDENTE RESISTENCIA A CONCRETAR LA PARTE ESENCIAL DE CADA UNO DE ESTOS ACUERDOS: EL TRASPASO DE LOS TERRITORIOS DEL PARQUE A UNA ENTIDAD CHILENA.
No sólo ha conseguido la postergación consecutiva del acatamiento a este punto, sino que ha logrado arrancarle al Estado acuerdos en donde se reitera el cumplimiento de este trámite, invariablemente suspendido.
Sin embargo, el conocido favoritismo del Gobierno de Ricardo Lagos por el Proyecto Pumalín y por la persona de Douglas Tompkins primó por sobre todo rasgo de sensatez, y a partir de ese mismo mes de abril comenzó a arreglarse una nueva base de acuerdo... El tercer acuerdo, que venía en camino.
Esto redespertó todas dudas y rumores negros sobre la naturaleza del Proyecto Pumalín que se precipitaron durante el primer acuerdo de 1997. Se ha especulado, por ejemplo, que sería un agente de la CIA, que estaría al servicio de organismos internacionales para negociar liberaciones tributarias por bonificaciones por conservación natural y que sus territorios estarían dentro de un plan para fundar una "Nueva Israel" en la Patagonia, explicando esta teoría por la gran cantidad de mochileros israelíes que visitan el parte y la presencia de señales dentro del mismo, con indicaciones grabadas en ese idioma. También han surgido voces alertando la presencia de minerales de gran valor estratégico e industrial precisamente en la zona del parque, además de la presencia de indicios que harían sospechar de la existencia de bases humanas en la zona.
Lo cierto es, sin embargo, que este manto de rumores y dudas se desprenden fundamentalmente de la propia oscuridad que Tompkins y sus cercanos han arrojado sobre el proyecto y sobre el cumplimiento de cada uno de los acuerdos.
A pesar de todo, las conversaciones para un nuevo acuerdo continuaron. Como intermediario de las nuevas bases entre Tompkins y las autoridades de Gobierno, obró la Fundación Conservation Land Trust (CLT), de reconocida filiación al proyecto. Las negociaciones fueron llevadas por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, participando los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales y Educación. Nuevamente, en ellas se establecía la necesidad de crear una Fundación Pumalín, sujeta a la ley chilena y encargada de la administración de las 298 mil hectáreas de Pumalín.
Enterado de estos pormenores, las críticas del ex-Presidente Frei Ruiz-Tagle cayeron en avalancha contra el proyecto, algunas siendo emitidas en medios de comunicación españoles.
Según las bases de acuerdo ya discutidas, el nuevo convenio volvería a reponer la idea de una Fundación Pumalín, que será el organismo chileno encargado de recibir de Douglas Tompkins el parque. Como antes se había sugerido, esta fundación estará integrada por representantes de:
La Iglesia Católica
La Universidad Austral de Chile
Cuatro chilenos seleccionados por la Conservation Land Trust
Se ha rumoreado sobre este último punto, que dos representantes serían elegidos por el Gobierno de Chile y los otros dos por la Conservation Land Trust. El propio Douglas Tompkins y su esposa Kristen MacDevitt tendrían, aparentemente, intenciones de ocupar estos dos últimos puestos luego de pasado un tiempo ("El Mercurio de Calama", domingo 28 de septiembre de 2003).
La fundación deberá obtener una personalidad jurídica y, a continuación, tramitar la declaración de "Santuario de la Naturaleza" para el parte dentro de un plazo estimado en no menos de seis meses desde su constitución. Traspasará al fisco unas 10 mil hectáreas de valor agrícola y forestal en Rorohuentro, al norte del parque, mientras que el Estado cederá la misma cantidad de hectáreas al sur de Pumalín, en la zona cordillerana. No deja de ser curioso este enroque. Quien escribe participó de un interesante reconocimiento de la zona norte de Parque Pumalín, a la altura de Pichanco y Fiordo Quintupeu, durante el año 2002, ocasión en la que nos quedó claro el poco interés del magnate por esta zona, que siempre ha tendido más hacia el sur y del parque (como en el caso de Fundo San Ignacio de Huinay, que no consiguió comprar). De hecho, en las cercanías de Quintupeu constatamos algunos indicios de actividades forestales ilegales sobre la vegetación nativa dentro del parque.
Entre otros puntos importantes del acuerdo, se dejan fuera del proyecto cerca de 200 hectáreas de valor agrícola, entre las que figura Riñihué (donde está la residencia del magnate) y los embarcaderos de Caleta Gonzalo.
Dado el historial de controversias que hemos visto, sin embargo, no será raro que este acuerdo genere en el futuro próximo nuevas polémicas como las ya descritas. Los Senadores miembros de la Comisión de Medio Ambiente, de Obras Públicas y de Defensa solicitaron formalmente al Ejecutivo que el proyectado nuevo acuerdo incluya una cláusula donde se asegure una franja de unos 50 metros de ancho por el parque, para la futura construcción de la carretera Chaitén - Puerto Montt. Se anticipó, además, un viaje de los parlamentarios a la zona, para verificar la situación de los colonos. El Senador Antonio Horvath agregó:
"De esta manera, impediremos que se corte al país en dos y aseguraremos la integridad física del país en la Zona Austral" ("La Segunda", martes 21 de octubre 2003).
Concientes de la gravedad del acuerdo que estaba por rubricarse, la directiva de nuestra Corporación de Defensa de la Soberanía -representada en la ocasión por Jorge Figueroa Cruz (Presidente), Benjamín González Carrera (Director) y Cristian Salazar Naudón (Secretario General)- logró concertar una reunión con el Ministro Secretario General de la Presidencia, Francisco Huenchumilla, el día viernes 31 de octubre, en las dependencias del palacio de La Moneda, cerca del mediodía. Si bien la breve reunión fue cordial, hubo un ambiente de tensión por lo evidente que resultaba la posición del ministro, ciegamente convencido de que el acuerdo debía ser aprobado. Además, se nos informó en el lugar que nuestra agrupación era la primera en reunirse con el secretario presidencial y en hacer entrega de un informe dossier como el que llevamos a las manos del ministro en aquella ocasión. Sin embargo, el alto funcionario, aparentemente, creía que nuestra posición sería atacar al acuerdo por el corte de la Carretera Austral y la continuidad territorial que representaba Pumalín exigiendo una faja de camino a uno y otro lado de la carretera como territorio exento del régimen del parque, argumento que era, a la sazón, el más recurrido por los detractores. Sin embargo, habíamos convenido minutos antes en que sólo secundariamente abordaríamos el tema de la continuidad territorial y concentraríamos nuestra fundamentación de entrada en cuestionar las garantías que tendría el nuevo acuerdo, en vista de los incumplimientos en que habían caído ya los dos acuerdos anteriores de 1997 y 2001. Al insistir a Huenchumilla sobre estos reparos, el ministro respondió -algo descolocado y después de algunos rodeos- que el convenio en proyecto era un "acuerdo político" y no "un acuerdo jurídico", por lo que debía admitir que no obligaba ni condicionaba su cumplimiento a nada. Sólo entonces alegamos que la creación de un Santuario Natural en un territorio cuya ubicación estratégica en Palena, de cordillera a mar, cortaría la continuidad territorial del país al bloquear las vías de comunicación y de desarrollo regional hacia el Sur de esta zona, aislándola peligrosamente del ámbito jurídico y físico del resto de Chile y de la influencia regular del Estado sobre ella. Antes de que volviera al asunto de las garantías constitucionales y los derechos de expropiación, apelamos al ejemplo de Guatemala, que luego de haber reconocido concesiones madereras al Reino Unido otorgadas durante la Colonia, vio nacer en esos territorios lo que hoy es el país de Belice, la "Hondura Británica", independizada precisamente gracias a la bajísima densidad poblacional y a sus riquezas naturales inexplotadas que quedaron en poder de unas pocas manos acaudaladas. Sin perder su tono afable, Huenchumilla se atrincheró tercamente en los supuestos compromisos que iban a estar redactados en el cuerpo del acuerdo que, en ese momento, nadie salvo él y otras tres o cuatro personas conocían, y dio por concluida la reunión. Sabíamos, sin embargo, que esto no iba a ser incluido en el acuerdo, como efectivamente no ocurrió.Las impresiones derivadas de este encuentro resultaron fundamentales para la movilización de un grupo de institutos, centros históricos y otras instituciones amigas, que emitieron un comunicado conjunto de rechazo al proyecto de acuerdo, en conferencia de prensa del lunes 10 de noviembre, en la sede del Instituto Histórico Arturo Prat.
El acuerdo Huenchumilla-Tompkis fue firmado, finalmente, el 9 de diciembre de 2003. En respuesta, el Senador Antonio Horvath logró presentar a La Moneda una carta de 28 senadores de la República llamado al Consejo de Seguridad Nacional, el 16 de diciembre siguiente, para tratar el tema de Pumalín y del corte de la continuidad territorial que representaba el parque. El Presidente Ricardo Lagos, con una prepotencia inconcebible en un mandatario pero lamentablemente tan frecuente entre los socialistas de toda la gama, se negó a esta posibilidad declarando simplemente que al Gobierno "no le gusta el COSENA", es decir, no le agrada cumplir la propia Constitución Política de la República.
Paralelamente, cuatro Institutos de Conmemoración histórica, entre los que figuraba nuestra Corporación de Defensa de la Soberanía, suscribimos una declaración pública fechada el 29 de diciembre de 2003, donde afirmamos que el acuerdo Huenchumilla-Tompkins simplemente es "nefasto para Chile, vulnera nuestro estado de derecho y garantías constitucionales de nuestra población" y además "Lamentamos la actitud autoritaria y antidemocrática del Presidente Lagos". A principios del año siguiente, los mismos institutos y centros históricos adherimos a un recurso de protección que presentara el Senador Horvath para frenar este insolente acuerdo contra la soberanía chilena.
Proyecto Pumalín ¿En Chileo en los Estados Unidos?
Recapitulando, fue en 1991 que se constituyó en California, Estados Unidos -y bajo las leyes locales- la Fundación Pumalín, encabezada por el Presidente de la Deep Ecology y dueño de las empresas Espirit, Douglas Tompkins.
La fundación tenía un objetivo preciso: comprar, con beneficios tributarios, tierras en Chile y en Argentina con miras a la instauración de territorios protegidos de toda interferencia "incompatible con la sustentabilidad ecológica y biológica de una Tierra finita". Según el cientista político Carlos Martínez, estas interferencias serían (diario "El Mercurio" del domingo 8 de julio del 2001, pág. D 14):
El crecimiento económico.
La industrialización de todas las actividades.
Impartición de educación y cultura fuera del área urbana.
Las compras en territorio nacional comenzarían poco después.
Pero las dudas más profundas sobre el Proyecto Pumalín fueron apareciendo conforme la oscuridad llenaba más y más algunos puntos poco definidos del mismo. Uno de ellos está relacionado con las intenciones reales del proyecto, y la vinculación jurídica del mismo con los Estados Unidos.
Estas suspicacias no son gratuitas: en una carta remitida personalmente por Tompkins a Omar Tampier, un colono del sector Corcovado, con fecha 21 de septiembre de 1998, el magnate no sólo intenta disuadirlo de solicitar al Ministerio de Bienes Nacionales 15 hectáreas de su propiedad que son reclamadas por él, sino que, también admite hechos que goza de fuertes y decisivas influencias en el Ministerio de Bienes Nacionales (con el que trabaja en un acuerdo programático, por lo menos hasta la fecha de la carta) y que sus propiedades están sujetas a derecho foráneo, como es la Ley de Impuesto y Renta de los Estados Unidos, por el hecho de que la administración de los mismos está encargada a organizaciones con sede en ese país.
"Con bienes nacionales tenemos un acuerdo de trabajo y consiste en que deben notificarnos de todas las solicitudes que se tramitan en la zona que deslinda con las tierras de nuestra Fundación".
"...te sugiero que visites nuestra oficina y que converses con Carlos Cuevas, quien es nuestro encargado de todo lo referente a títulos y quien tiene muy buena relación de trabajo con Bienes Nacionales. Pienso que sería bueno que él explicara todos los aspectos de estos y le he pedido que te ayude en cualquier forma que él pueda, a obtener tus títulos".
"...el dueño del fundo Linahuá no soy yo como persona sino una de nuestras fundaciones en los Estados Unidos, que no puede bajo ninguna circunstancia ceder tierra a nadie, ya que está en contra de las reglas de Impuestos Internos de los Estados Unidos..."
Se recordará que el señor Carlos Cuevas, ex-funcionario del Ministerio de Bienes Nacionales y uno de los más cercanos defensores de Tompkins y del Parque Pumalín, fue señalado en algún momento por varios colonos de Palena como uno de los encargados de ejercer hostigamientos y presiones contra los compatriotas de la zona para que vendieran sus territorios al magnate.
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